En cuanto a las conductas infractoras que han provocado los expedientes, la mayor parte han tenido que ver con una ocupación del dominio público indebida, ya sea por parte de chiringuitos o restaurantes como por vecinos. Se han abierto un total de doce expedientes por este motivo, uno de ellos por ampliación de un aparcamiento. La conselleria de Medi Ambient también ha abierto dos procedimientos contra los responsables de fiestas multitudinarias organizadas en el ámbito del parque natural y otro por circular con 'quads' en la zona protegida. El resto de conductas ilegales se refieren a coches abandonados o a la tala de vegetación de la zona.
Pese a ello, desde la conselleria sostienen que este año han bajado el número de infracciones debido a la entrada en vigor de nuevas normativas ambientales, como la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) y el Plan de Usos y Gestión del parque natural (PRUG). Las nuevas sanciones, más elevadas, y el incremento de la vigilancia, además de la puesta en marcha del programa Life Posidonia financiado con dinero de la UE para proteger las praderas de posidonia han sido claves para conseguir estos resultados. De todas formas, habrá que esperar al fin de la temporada turística. «Este parque natural tiene una superficie terrestre muy pequeña y hay muchas infracciones marítimas que entran por Capitanía Marítima o por la demarcación de Costas», indicaron las mismas fuentes.
Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la conselleria al tramitar estos expedientes es el de identificar y encontrar a los agresores ambientales ya que muchas veces, como por ejemplo en casos de fiestas, están de paso por la isla.
Las sanciones a las que se enfrentan los infractores están establecidas en la LECO. Las leves van desde los 100 a los 6.000 euros, las graves de los 6.000 a los 100.000 y las muy graves de 100.000 a 400.000. Si se han producido daños medioambientales existe la obligación de restaurarlos y si la infracción es muy grave, además de la multa se puede llegar a clausurar la actividad, impedir que esa persona vuelva a obtener autorización o pueda acceder a subvenciones.
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