C. Roig25/08/06 0:00
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El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Eivissa interpondrá acciones legales -seguramente un recurso contencioso-administrativo- contra el decreto firmado por el alcalde Xico Tarrés que da por aprobado Eivissa Centre, con el fin de pedir su suspensión al considerar que es un «fraude de ley». Por un lado los populares consideran ilegal la forma en la que se da por aprobada la modificación puntual del plan general de la ciudad que afecta a Eivissa Centre, ya que no se ha dado por silencio administrativo, sino que interpreta «de forma torticera», según la portavoz del PP Virtudes Marí, un acuerdo de la comisión de urbanismo (CIOTHUPA). Marí sostiene que en esa reunión, el concejal de Urbanisme, Vicent Torres, pidió que se aprobase la modificación condicionadamente si se solventaba el problema de los aparcamientos. «Expresamente, tanto los técnicos como el presidente les dijeron que no podía aprobarse por parte de la CIOTHUPA porque el órgano competente es el pleno», aclaró Marí, que aprecia mala fe en esta interpretación. «Se quiere presionar a los vecinos que todavía quedan por firmar para hacernos creer que esto está todo hecho, siguiendo con la política de coacciones que se ha seguido hasta ahora», indicó la portavoz popular , que añadió que el Consistorio también confía en la lentitud de los tribunales para proseguir con el derribo de viviendas y la construcción. «Después será muy difícil volver atrás».

Los populares también critican que el equipo de gobierno ya conociera el informe jurídico que avala el decreto cuando les hicieron la oferta para negociar. «El alcalde entendió las negociaciones como un reparto de protagonismo político», añadió Marí, que aseguró que el PP no busca ni protagonismo ni fotos, sino que se cumpla la legalidad y el bien para la ciudad. También recordó que siempre han votado en contra de la modificación puntual del PGOU de Eivissa Centre.

Comentario aparte mereció para Marí el hecho de que el autor del informe en el que se basó el Ayuntamiento para dar por aprobado el decreto es Joaquín Tornos, «que tuvo que dimitir del Consell Consultiu por su vinculación con la Generalitat». Un letrado que ha elaborado más informes para el Consistorio y que incluso lo ha defendido en algunos pleitos. «Su ecuanimidad la pongo en duda, no es un dictamen de un a persona independiente».