El Ayuntamiento pone en marcha el Eivissa Centre sin el visto bueno del Consell

MAITE ALVITE
El Consistorio entiende que, tras haber acordado en el pleno del 30 de mayo optar por la concesión en lugar de por la venta de los aparcamientos que este proyecto prevé construir en el subsuelo público, se ha resuelto la última condición establecida por la Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio (Ciothupa), que el pasado 8 de mayo había decidido mantener en suspensión la aprobación de Eivissa Centre hasta que el Ayuntamiento no justificase suficientemente la venta de los estacionamientos. Para dar por aprobada la modificación puntual el Consistorio se apoya en los servicios técnicos municipales y en un informe del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona Joaquín Tordos. Este documento pone de relieve que el acuerdo de la Ciothupa del 8 de mayo «suponía, de hecho, la aprobación de la modificación condicionándola sólo al cumplimiento del punto referido a los aparcamientos» y resalta también que no establecía que el proyecto tuviese que pasar de nuevo por esta comisión después de ser rectificado. Asimismo, el informe deja claro que, una vez retirada del texto la propuesta de venta de aparcamientos (aprobada en pleno el 30 de mayo) e informado el Consell, trámite que se realizó el 7 de junio, «la modificación pasa a ser plenamente eficaz». Después de recordar que en los últimos tres meses se han hecho dos nuevas reuniones de la Ciothupa sin que se haya abordado el proyecto Eivissa Centre, el alcalde afirmó que «el Ayuntamiento ha decidido asumir las competencias que tiene asignadas» y manifestó su confianza en que el Consell entienda que «hemos actuado de forma legal». «Más paciencia y voluntad de negociación no podemos tener», subrayó. La portavoz del ejecutivo local, Lurdes Costa, resaltó además que la aprobación definitiva de Eivissa Centre supone «descongelar todos los acuerdos que se tenían que tomar con otras administraciones», el Gobierno central y la Conselleria balear d' Educació, ya que el proyecto contempla, entre otras cosas, la construcción de nuevos juzgados y una nueva Delegación del Gobierno, y el traslado de sa Graduada a un nuevo centro educativo.

Respecto al edificio junto al colegio Juan XXIII que se ha levantado para realojar a los propietarios de las viviendas de Santa Margarita, uno de los puntos más polémicos, Tarrés señaló que «las licencias se darán cuando se tengan que dar. No tenemos prisa». En cuanto a la parte de sa Graduada que ha sido protegida por el Consell, afirmó: «Si nos tenemos que adaptar a un Bien Catalogado nos adaptaremos».