M.A.
El concejal del Ayuntamiento de Sant Josep Manuel Pulido declaró ayer como testigo ante el Juzgado de Instrucción número dos de Eivissa para aclarar las irregularidades denunciadas a través de una querella por el dueño de Can Casetes, Pere Torres, por una presunta falsificación de las actas de expropiación de su finca. En su declaración, Pulido básicamente ratificó la versión que habían dado ya a finales de mayo dos funcionarios de la Conselleria balear d'Obres Públiques que declararon como imputado y testigo. El concejal insistió en que tanto él como uno de los funcionarios llegaron unos cuarenta minutos tarde a la cita en Can Casetes porque se habían retrasado más de lo previsto atendiendo las dudas de los propietarios de otra finca en la que se tenía que levantar también acta previa de ocupación. Asimismo, aseguró que cuando llegaron a la finca ya se había levantado acta notarial pero todavía estaban la notaria y los propietarios que, señaló, no les quisieron atender ni firmar el acta. Ante esta negativa, la firma del acta previa, junto con otras, se efectuó esa misma tarde en un hotel de Eivissa. Respecto al hecho de que en el acta denunciada por Pere Torres la fecha y hora no se correspondiesen con el día de la citación, sino que se fechaban un mes antes, Pulido explicó que posiblemente se trataba de un error de la secretaria. «No se trata de una falsificación de firmas, a mi entender creo que lo único que hay es un error de fecha y hora», insistió después de declarar ante el juez José Espinosa.

Más testigos
Uno de los abogados de la Plataforma Antiautopistas, Pep Costa, explicó que se pedirá al juez los testimonios de más gente que estuvo presente en la cita para levantar el acta previa para constatar su versión de que, con independencia de que el funcionario del Govern y el representante municipal llegaran tarde a la finca, «allí el funcionario que actuaba, según consta notarialmente, dio por suspendido el acta y le dijo al propietario que se le volvería a citar». Asimismo, el abogado del denunciante también solicitará al juez que pida los originales de la documentación del expediente para comprobar las firmas, porque, según detalló, «hay dos versiones diferentes del acta presuntamente falsa», una con la firma de Pulido y otra sin su rúbrica.