E. RODRÍGUEZ
El Pacte pone en duda que el Consell pueda equiparar el sueldo de sus trabajadores laborales con los del Govern balear. El nuevo convenio laboral de este colectivo, que supone el 70 por ciento del total de la plantilla, se aprobará mañana en el pleno. Contempla en su disposición adicional primera el compromiso de la institución a realizar los estudios necesarios para evaluar en un plazo de seis meses la equiparación retributiva del personal de ambas administraciones.

El conseller del Pacte Vicent Tur critica que este compromiso esté en el aire y advierte de que difícilmente se podrá cumplir. «Tengo dudas de que se pueda cumplir porque son instituciones que no son equiparables desde un punto de vista de organización y de puestos de trabajo», dice. El conseller señala que esta promesa parte del problema creado con el traspaso de las competencias en Carreteras y que afecta a un determinado grupo muy determinado de trabajadores. «Los trabajadores de Carreteras del Govern tenían unos derechos que no llegaron aquí. Se meten en este lío para arreglar un problema puntual», señala Tur, al tiempo que apunta que hay otras soluciones para resolver esta «injusticia».

El conseller recuerda que en la pasada legislatura se logró aprobar por primera vez la Relación de Puestos de Trabajo, que es el organigrama laboral de toda la institución, y que, por ello, sería más lógico adaptar ésta a la nueva situación de la institución. Advierte, además, de que existen otras vías para igualar la situación de los trabajadores de Carreteras de ambas administraciones, como «revisar los complementos de productividad y turnicidad».

El convenio apunta que el personal que pueda salir perdiendo con esta equiparación salarial reciba «un complemento personal para que la retribución sea, como mínimo, la misma que ya percibían». Tur cree que, así, la retribución salarial creará situaciones injustas porque «unos trabajadores pasarán a cobrar más y otros se quedarán igual».

Por otro lado, el conseller del Pacte sí ve bien «las mejoras de carácter social incluidas en el convenio». En concreto, las ayudas sociales subirán un 6,4 por ciento, que se corresponde con la subida del IPC más tres puntos. Las ayudas por integración y educación especial subirán en un 100 por cien pasando de 75 a 160 euros al mes por cada hijo discapacitado, y de 900 a 1.800 euros como ayuda adicional; y de 75 a 160 euros por educación especial. El convenio aumenta la cobertura de atenciones médicas como odontología, oftalmología y otorrinolaringología.