Roig reclama que, «sin perjuicio del anuncio del contencioso», según dice, se suspendan los acuerdos adoptados por el Consistorio puesto que, a su entender, la decisión de demoler la vivienda «no es firme» ya que se encuentra a trámite un recurso de queja en el Tribunal Supremo contra la negativa del TSJ a aceptar un recurso de casación contra la sentencia por la cual se deniega su legalización al amparo de la amnistía urbanística incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2004. El Ayuntamiento también ha presentado este mismo recurso ante el Supremo, que ha sido admitido a trámite. El letrado de Cretu apunta, en este sentido, que «estamos ante una situación en la que no se pueden adoptar decisiones administrativas respecto a algo que no está resuelto». Recuerda, además, que la resolución judicial no es contra Baloo Music, sino contra Sant Antoni, por lo que, según Roig, es «el Ayuntamiento quien debe hacerlo, sin requerir a nadie».
Por su parte, el alcalde de Sant Antoni, José Sala, afirma que ya se ha superado el mes dado por la administración para la presentación del proyecto de demolición, y que, por lo tanto, el siguiente paso será pedir a Baloo Music permiso de entrada a la vivienda para que los servicios técnicos del Ayuntamiento puedan redactar dicho proyecto. En el caso de que la promotora se niegue a ello, el Consistorio, según Sala, pedirá autorización judicial para acceder al domicilio. El presupuesto del Ayuntamiento de este año ya contempla una partida de 12.000 euros (dos millones de pesetas) para la redacción de este proyecto de demolición.
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