El alto tribunal balear dictará hoy una sentencia de la vista
celebrada el lunes entre las partes. El auto afirma que las
irregularidades detectadas (error material en la hora y fecha del
acta previa, ausencia del representante municipal y, entre otros,
descripción del estado de la finca y sus cultivos) son cuestiones
de «legalidad ordinaria, que, «sin perjuicio de lo que se valore en
la sentencia, no parece que provoquen la expropiación por la vía de
hecho».
Los magistrados tienen en cuenta que el representante de la
Conselleria d'Obres Públiques asistió al acto de ocupación previa,
aunque lo hizo con media hora de retraso. Esta persona levantó acta
previa de ocupación pese a que el propietario de la finca, Pere
Torres, se negó a firmarla porque no asistió el representante del
Ayuntamiento de Sant Josep. Sobre el valor de estas irregularidades
o deficiencias en la tramitación del acta previa de ocupación de la
finca, los magistrados afirman que, tal como apuntan dos sentencias
del Tribunal Supremo, «el interés público en la inmediata
ejecutividad del acto y correlativa no paralización de las obras,
aparece especialmente marcado cuando se trata de procedimiento de
expropiación para obras de utilidad pública o interés social, como
si duda lo es en este caso la ejecución de la estructura
viaria».
El denunciante también alegó ante el alto tribunal autonómico
que la administración había omitido el pago del depósito previo y
la indemnización por pronta ocupación, que deben ser previos a la
ocupación. Sin embargo, el auto apunta que la Conselleria d'Obres
Públiques citó al denunciante, para efectuar este trámite, el
pasado 30 de noviembre y que como éste no compareció se consignó el
dinero en la Caja General de Depósitos.
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