La Plataforma Antiautopista seguirá realizando las actuaciones necesarias para impedir las obras. «Hemos aprendido que vamos a resistir más la próxima vez», dijo ayer Marcos Lluy, portavoz de esta entidad, que se reunió anoche para estudiar las actuaciones que van a realizar.

«Vamos a seguir hasta que no haya una resolución judicial. Las máquinas han entrado en esta casa, pero habrá más viviendas», añadió el portavoz de la Plataforma. «Seguiremos con las mismas acciones y nos tendrán que volver a echar hasta que alguno reciba un golpe y habrá más heridos», advirtió. «Creo que esto no puede ir a más, pero sí que nos detengan y nos lleven al cuartel de la Guardia Civil. Hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias», dijo Lluy.

La Plataforma acordó anoche en Sant Rafel pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Balears, Ramón Socías, y del director insular del Estado en las Pitiüses, José Manuel Bar. Los antiautopistas no tienen ningún reproche hacia la actuación de la Guardia Civil, «salvo el caso de tres o cuatro agentes». «Cumplieron su trabajo», dicen. Reprochan, en cambio, que los responsables del administración del Estado ordenaran el despliegue.

Una representación del colectivo antiautopistas tiene previsto desplazarse el sábado a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid para expresar su postura de protesta a la política de carreteras que del Govern. La Plataforma espera que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Balears se pronuncie cuanto antes sobre si el trámite de expropiación se ajusta a la legalidad. «La vía legal la estamos llevando, pero como no hay respuesta tenemos que seguir resistiendo», añadió Lluy. Subrayó que la Plataforma «nunca se han pronunciando en contra de la expropiación, sino en contra de los proyectos». La ley de expropiaciones data de 1954 y «marca unas normas y reglas a seguir, que se han de hacer bien y están acostumbrados a no hacerlo bien».

La esperanza de la Plataforma Antiautopista es que los tribunales de justicia adopten una medida «una cautelarísima» paralizando las actuaciones hasta que se aclare si las expropiaciones se ajustan a la legalidad. «Esto es lo que esperamos ante las situaciones vividas ayer y anteayer y lo mejor que podía hacer el TSJ es pronunciarse». En junio de 2005 presentó la Plataforma Antiautopista el primer recurso. En el segundo recurso presentado por el colectivo de antiautopistas, Lluy explica que «se alegó que no se podía hacer nada hasta que se invadiera la propiedad; pero ya se ha invadido, ha habido heridos, cierta violencia y ahora es el momento de actuar».