La titular del juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara
Ramírez, absolvió ayer in voce a los nueve acusados de la promotora
Progen S.A. y la constructora Brues S.A. que ocuparon ayer el
banquillo para responder por unos hechos que ocurrieron hace más de
cinco años en la urbanización de es Pouet, en Talamanca, cuando el
Consell Insular, gobernado entonces por el Pacte Progressista,
ordenó paralizar las obras que se estaban llevando a cabo allí tras
aprobar una moratoria urbanística para realizar el Plan Territorial
Insular (PTI) que había empezado a tramitar.
Después de tomar declaración a los acusados y escuchar a los
testigos, la jueza concluyó que no se había probado el delito de
desobediencia por el que el Ministerio Fiscal pedía que se les
condenara a diez meses de cárcel a cada uno y se les inhabilitase
para su profesión durante este tiempo.
A falta de conocer los términos de la sentencia por escrito, la
jueza hizo suyos los alegatos de la defensa, que esgrimió, entre
otros argumentos, que el Consell Insular no era la administración
competente para paralizar las obras ni notificó la orden
formalmente. Asimismo, la defensa recordó que sí se acató la orden
de suspensión de los trabajos dictada por los juzgados en
septiembre, y señaló que tampoco había quedado demostrado si
realmente continuaron las obras después de ser precintadas. También
hizo notar que los trabajos que se realizaban en la urbanización
estaban prácticamente terminados en agosto y que sólo quedaban
obras de remate. El Ministerio Fiscal anunció que no recurrirá la
sentencia.
En el transcurso del juicio, seis de los nueve acusados
aseguraron estar de vacaciones o de viaje cuando se produjeron los
hechos y que no tuvieron conocimiento de la situación hasta más
tarde. Todos aseguraron además desconocer quién pudo ordenar que se
desprecintaran las obras.
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