La Fiscalía ha pedido al juez la imputación del arquitecto de Sant
Josep, Antonio Huerta, por el caso de la urbanización de ses
Serretes, en Cala Carbó, denunciada por el Grup d'Estudis de la
Naturalesa. El fiscal de medio ambiente, Manuel Campoy, cursó antes
de su cese una petición al Juzgado para que Huerta declare como
imputado por un supuesto delito contra la ordenación del
territorio, el medio ambiente, tráfico de influencias,
prevaricación e incompatibilidad de funcionarios. El fiscal también
ha pedido al juez que reclame la documentación sobre el 'caso
Huerta' al Colegio Oficial de Arquitectos y que le ofrezca la
posibilidad de personarse en la causa.
Se da la circunstancia de que la arquitecta de esta obra es
Pilar Fernández, nuera de Huerta, y que, además, esta obra fue
paralizada en verano a raíz de una denuncia presentada por el
Pacte. Fernández presentó entonces un escrito al Consistorio
argumentando que las obras denunciadas eran legales y Huerta emitió
informe favorable para el levantamiento de la suspensión. El Pacte
denunciaba la existencia de una planta de más, pero la arquitecta
justificaba que esta altura se debía a la necesidad de instalar
vigas de atado entre los diferentes planos o bancales de apoyo a
causa de la fuerte pendiente.
Por su parte, el GEN denunció ante Fiscalía que, aparte de la
supuesta intervención irregular del arquitecto municipal, la
urbanización denunciada se ubica en dos parcelas que, según el
Estudio de Detalle, permite la construcción de un total de 14 y 6
viviendas, respectivamente. Sin embargo, en una de ellas ( en la
que sólo se podían autorizar seis viviendas), con una superficie de
4.860 metros cuadrados, el Ayuntamiento concedió una licencia para
14 apartamentos, ocho dúplex, tres estudios y una piscina, lo cual,
según el GEN, «duplica la densidad máxima permitida por la
normativa municipal de una vivienda por cada 500 metros de
parcela».
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