Los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 2004 cuando la dirección
del hospital convocó tres plazas para la UCP sin negociación previa
con sindicatos y sin respetar las bolsas de contratación
respectivas. El 5 de abril de ese mismo año, el sindicato solicita
la impugnación de las convocatorias de médico, psicólogo y
enfermero al entender que se cumplen una serie de irregularidades
en el proceso, entre las que destaca que el mismo día en que se
mantienen las entrevistas con los aspirantes se publican las
adjudicaciones de las plazas. Al parecer, y según consta en las
sentencias, para favorecer a la persona que en aquel momento tenía
una relación sentimental con el gerente del hospital, Ignacio
Martínez, calificado como un «acicate para presentar estas
reclamaciones», apuntó ayer el secretario general de sanidad de la
federación de CC OO de Balears, Manel García. Asimismo, el
secretario general comunicó que los servicios jurídicos del
sindicato «están estudiando las sentencias para comprobar si se ha
cometido algún delito penal», como prevaricación o lesión de
derechos fundamentales, y además, solicitaron que se ejecute la
resolución del juez, «dado que no hemos recibido ninguna
comunicación de reunión para acordar la adjudicación de las plazas
empleando el acuerdo de contratación». De este modo, García aseguró
que esta sentencia carga costas a la gerencia, «un dinero que no va
a pagar él -Nacho Martínez- sino que lo pagaremos todos los
ciudadanos». La sentencia deja claro la mala praxis de contratación
de la gerencia, «con lo que tenemos que exigir que haya un cese, y
no nos vale la dimisión, para aclarar cual es la política en
materia de contratación de la conselleria y del Ib-Salut», apuntó
el secretario de organización, Jaume Font.
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