Esta Ley establece «medidas de ordenación que permiten, en determinadas condiciones, una reducción de la superficie mínima exigible a efectos edificatorios en fincas del suelo rústico», según recoge la exposición de motivos de la nueva regulación. En la misma, también se expone que las determinaciones incluidas en esta regulación «no transcienden el ámbito insular» de las Pitiüses, «sino que adaptan aspectos de la legislación balear a la idiosincrasia propia» de estas islas. Este argumento, que también fue citado por el diputado del PP Antoni Marí Tur, obtuvo el rechazo unánime de la oposición, que calificó la Ley de «antidemocrática», según la definición de la diputada del PSM María Antonia Vadell. Para el parlamentario socialista Joan Boned, la regulación supone la modificación de las leyes que «vulnera» el PTI.

Este mismo diputado indicó que la única «idiosincrasia» que diferencia a las Pitiüses del resto de Balears es que «hay más especuladores e infractores urbanísticos por metro cuadrado que en ninguna de las otras islas». Según el portavoz adjunto de Esquerra Unida-Els Verds Miquel Ramon, se trata de «una de las mayores aberraciones legislativas» vistas nunca en la Cámara autonómica. Estos portavoces parlamentarios defendieron las mismas enmiendas parciales presentadas por sus grupos durante el debate de la Ley en ponencia y comisión de la Cámara autonómica y censuraron la discriminación que en su opinión supone esta normativa para los ciudadanos pitiusos, que verán empeorada en su calidad de vida.