La Fiscalía ha solicitado de nuevo al juez del Juzgado de
instrucción número 1 de Eivissa que preste declaración al músico
rumano Michel Cretu, como promotor de la mansión ilegal que corona
una cima en Santa Agnès, así como al director de la obra en calidad
de imputados por un supuesto delito contra la ordenación del
territorio y el medio ambiente. Se trata de la tercera vez que el
fiscal pide la imputación de Cretu, aunque el juez sigue sin
resolver dicha petición.
El fiscal solicitó hace más de un año por primera vez la
imputación del promotor y director de la obra. Sin embargo, el juez
descartó llamar a declarar a nadie hasta que el Tribunal Superior
de Justicia de Balears (TSJB) se pronunciara sobre la petición de
legalización cursada por la defensa del músico y el Ayuntamiento de
Sant Antoni. Cretu solicitó al TSJ la legalización del inmueble al
amparo de la amnistía aprobada por el Parlament balear en la ley de
acompañamiento de los presupuestos de 2004. El fiscal volvió a
formular hace unos meses la misma petición, que ahora repite por
tercera vez, después de que la instancia superior de Justicia en
Balears haya desestimado la petición de legalización de la
casa.
El TSJ ratificó hace una semana que la mansión de Cretu es
ilegalizable, confirmando así el auto dictado por el Juzgado de lo
Contencioso número 1 de Palma hace un año referente a la demolición
del inmueble. Entonces se fijó un plazo de 18 meses. Baloo Music,
promotora de la obra, y el Ayuntamiento de Sant Antoni, que se
encuentran de nuevo en una situación muy difícil, estudian la
posibilidad de presentar otro recurso ante el Supremo. Como hay un
plazo de 10 días hábiles, el plazo para la presentación de un
recurso, si cabe, acaba el jueves. El alcalde de Sant Antoni, José
Sala, indicó ayer que los servicios jurídicos del Ayuntamiento aún
no han tomado una decisión.
El TSJ niega a Cretu la posibilidad de acogerse a la amnistía
aprobada por el Parlament balear, y eso es precisamente lo que más
critica de la sentencia Jaume Roig, abogado de Michel Cretu. Roig
lamenta que los jueces no den al Ayuntamiento la posibilidad de
manifestarse sobre la legalidad de la vivienda, que, recuerda, es
«la administración a la que le compete». «Se está castrando la
posibilidad de pedir la legalización de la vivienda en base a una
ley cuyo contenido lo ampara», dijo Roig poco después de conocer el
contenido de la sentencia, y que, según dijo, baraja incluso la
posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.
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