Sólo la demolición, apuntó el presidente, puede ocasionar «un
coste muy importante», al margen de la posible petición de
indemnizaciones por parte de la propiedad, que levantó la mansión
al amparo de una licencia mal dada por el Consistorio en 1997, con
el visto bueno de la Comisión Insular de Urbanismo, dependiente del
Consell. Palau reconoció que el pago de indemnizaciones puede
provocar «un coste muy importante para los ciudadanos», al tiempo
que avanzó que «el Consell estará del lado del Ayuntamiento para
solucionar los problemas».
Como no podía ser de otra manera, el presidente del Consell
expresó «su respeto» por la sentencia del TSJ, aunque no quiso
opinar sobre la interpretación que hace la instancia judicial
superior de Balears de la amnistía aprobada por el Parlament balear
en diciembre de 2003 en la ley de acompañamiento de los
presupuestos. «Se puede compartir o no, pero no hago comentarios»,
dijo.
El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), que fue quien denunció
esta ilegalidad en los Juzgados, pidió ayer «el inmediato
acatamiento de la sentencia», recordando la existencia de un
informe municipal en el que «se responsabiliza al promotor de la
ilegalidad cometida y descarta el pago de indemnizaciones».
Los ecologistas tachan de «lamentable» el espectáculo dado por
los responsables políticos al «usar las instituciones para defender
intereses privados en contra de la legalidad establecida para el
resto de los ciudadanos». «Ha llegado la hora de acabar con el
patético papel de bufones del Sr. Castillo y de cumplir con lo que
ordena la justicia», subrayan.
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