El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos
Torres, da por cerrada la fase de instrucción del caso de la
licencia concedida por el Ayuntamiento de Santa Eulària a un
pariente del concejal de Urbanismo, Vicent Riera, para la
construcción de un restaurante sobre las dunas de la playa de Cala
Nova, y, al ver supuestamente indicios de delito, ha dado cuenta de
ello a la Fiscalía para que, si procede, emita escrito de
acusación.
Riera declaró en enero de este año en calidad de imputado por un
supuesto delito contra la ordenación del territorio y el medio
ambiente. Entonces el edil no quiso dar cuenta a la prensa del
contenido de las dos horas de declaración. De todos modos, Riera,
según pudo saber este periódico, reiteró que no hubo ninguna
irregularidad en la concesión de la licencia. En julio de 2003
también declaró por este mismo asunto el alcalde de Santa Eulària,
Vicent Guasca, pero como testigo. Su letrado, José María Roig
Vicha, sí dijo ese día al salir del Juzgado que «el Ayuntamiento no
tuvo más remedio que conceder la licencia puesto que contaba con
todos los informes a favor». Lo curioso del caso es que la
controvertida licencia se informó y concedió en apenas unos
días.
Roig Vich recalcó entonces que el restaurante se levantó sobre
un terreno que, según el anterior planeamiento urbanístico, era
«reserva urbana con toda la dotación de servicios». Amics de la
Terra, que fue quien denunció los hechos ante la Fiscalía en 2001,
y el Pacte lo ven de forma bien distinta. Coinciden en que el
planeamiento anterior no incluía esta área como suelo urbano y, por
tanto, en cumplimiento de la ley de Costas, el restaurante no se
podía construir a una distancia inferior a 100 metros de la costa.
Las normas subsidiarias provisionales aprobadas por el Consell hace
un año sí califican ahora esta zona como suelo urbano.
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