E. RODRÍGUEZ23/05/05 0:00
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El presidente del Consell, Pere Palau, ya ha encargado a la consellera de Participació Ciutadana, Carmen Domínguez, que se reúna con el grupo de la oposición para iniciar los trámites para nombrar la figura del Defensor del Ciudadano. «Antes de poner nombres sobre la mesa hay que hablar con la oposición para ver cómo se debe articular esta figura, aparte de sondear el perfil que debe cumplir esta figura, de tal manera que pueda haber un consenso», explica Palau. El pleno del Consell aprobó por unanimidad en noviembre de 2001, a propuesta del ex conseller de Els Verds Joan Buades, la creación de esta figura. Ni el Pacte, ni el PP habían hecho nada para cumplir este acuerdo. El Consell aprobó recientemente en el debate sobre política general, también por unanimidad y a propuesta del Pacte, una resolución para que se cumpla el acuerdo de pleno de la época progresista y se cree de una vez esta figura.

El reglamento acordado inicialmente por los grupos políticos establece que dos tercios del número total de los miembros del pleno debe dar el visto bueno al nombramiento, aunque Palau prefiere que sea por unanimidad. El reglamento también prevé dos modelos distintos para designar a esta persona. Por un lado, está el tipo figura ilustre y de amplio reconocimiento social, que daría prestigio a la institución; y, por otro, la designación de un funcionario, dedicado exclusivamente a defender los intereses de los ciudadanos.

El primero cobraría un sueldo simbólico (dietas), pues un letrado y un administrativo se ocuparían de casi todo el trabajo. Palau cree que la sede del Defensor del Ciudadano se debe ubicar en la sede del Consell, donde se abriría una oficina dotada con personal técnico, jurídico y administrativo. El Defensor del Ciudadano no puede estar sujeto a ningún mandato imperativo, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y ejercerá sus funciones con autonomía y según su criterio. Todas las actuaciones, además, serán gratuitas para los ciudadanos, que podrán plantear reclamaciones o solicitudes de intervención verbales o por escrito.