E. RODRÍGUEZ24/03/05 0:00
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La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, también ha emitido un informe favorable a la versión definitiva del Plan Territorial Insular (PTI), aprobada el lunes en pleno. Tal como ya recogía el informe emitido por este organismo al documento aprobado inicialmente el pasado 30 de julio, el PTI tiene «una incidencia favorable en el litoral, tanto en lo relativo a la protección de los recursos naturales y ambientales como en las medidas de esponjamiento y reconversión de las áreas con asentamientos de población».

Costas afirma en el nuevo informe que se han subsanado algunas deficiencias en los planos de la versión inicial del documento relativas al límite de SRP-ATP de costa y el límite de la servidumbre de protección de 100 metros en la isla de Formentera, aunque, por otra parte, puntualiza que en la hoja del plano de las infraestructuras no se reflejan «la totalidad de las conexiones eléctricas y telefónicas submarinas entre Mallorca, Eivissa y Formentera».

Asimismo, Costas también resalta que no puede pronunciarse sobre la viabilidad de la creación de plataformas de embarque en es Pujols y sa Canal para la segunda vía de conexión marítima entre Eivissa y Formentera, incluida en el Programa de Intervención número 13 del PTI, puesto que «actualmente se carece de concreción y datos necesarios para ello».

El informe favorable de la Dirección General de Costas contrasta con las críticas de la oposición relativas a la degradación que supone para el litoral de la isla la aplicación del PTI aprobado en solitario por el PP. La portavoz del Pacte, Pilar Costa, apuntó en el pleno en una de sus intervenciones que la memoria del Plan Territorial contiene muchas contradicciones con respecto al cuerpo normativo. «La memoria mantiene que cabe preservar el medio ambiente y hace referencia a la indisciplina urbanística, que la costa está destrozada y que sería necesario cambiar el modelo turístico, pero luego se hace todo lo contrario en las normas», manifestó Costa, que, además, fue muy crítica con el mantenimiento de 44 urbanizables de la costa, algunos de ellos con más de 30 años de antigüedad y sin derechos adquiridos que obligasen a la administración a indemnizar a los promotores.