Los datos proceden de un estudio «estimativo» elaborado por la
Direcció General de Planificació i Finançament siempre en base a
las declaraciones del delegado del Gobierno, Ramón Socias, que
calculaba que el proceso de regularización afectará a unos 30.000
inmigrantes. Las Pitiüses cuentan con 117.026 tarjetas sanitarias
de las que 18'889 pertenecen a extranjeros, tanto comunitarios como
extracomunitarios, según los datos de Salut i Consum a 15 de
diciembre de 2004 y que suponen un gasto anual aproximado de 1.000
euros por ciudadano. La Conselleria ha calculado el actual gasto
sanitario por cada uno de los ciudadanos con tarjeta sanitaria y
así sacar la media de lo que costará la atención sanitaria a los
inmigrantes que regularicen su situación en las islas.
La mejora de la financiación sanitaria para hacer frente a
situaciones al incremento de población es una de las cuestiones que
se ha puesto sobre la mesa en el Consejo Interterritorial de
Sanidad que se celebró en Sevilla a principios de mes en el que la
consellera de Salut i Consum de Balears, Aina Castillo, pidió, una
vez más, a la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, la
necesidad de tratar el problema del incremento de población
inmigrante en las islas, que representa el 17% del total, y que
supone, en palabras de Castillo, «un coste económico importante»
para el gasto sanitario autonómico balear.
La necesidad de revisar el modelo de financiación sanitaria es
una de las cuestiones que está reivindicando el PP a la
administración central ante el aumento de población de las islas en
estos últimos años. Balears y el resto de comunidades autónomas
gobernadas por el PP, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y
León, La Rioja, Murcia y Galicia, han decidido recurrir a la vía
judicial para exigir la convocatoria de una reunión extraordinaria
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para
tratar sobre la financiación sanitaria después de recibir la
callada por respuesta por parte del Ministerio de Sanidad al
requerimiento que hicieron hace un mes acerca de esta cuestión. El
Gobierno, por su parte, ha garantizado que se creará una comisión
mixta para tratar la insularidad.
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