EUGENIO RODRÍGUEZ13/03/05 0:00
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Las Pitiüses tienen una cultura viñeda, y así lo constatan las fotografía aéreas del Ministerio de Medio Agricultura, que no se corresponde con los documentos oficiales. Eso se debe a que la mayoría de las parcelas no están inscritas en el Registro Vitícola y, por tanto, se escapa al control de la Unión Europea. El Consell tramitó el año pasado la regularización de 24,5 hectáreas de vid, 10 más que en el año anterior, aunque el porcentaje de extensión que se encuentra fuera del control de la administración aún es alto.

Desde 1970 la legislación española obliga a inscribir en el Registro Vitícola este cultivo tradicional de la isla. La Unión Europea dictó una orden en 1998 por la que obligaba a los propietarios de las parcelas plantadas antes de ese año, que fue cuando entró en vigor la normativa comunitaria que regula las plantaciones, replantaciones y el Registro Vitícola, a que justificaran su existencia ante la administración, aparte del pago de una sanción de 500 euros. Pocos lo han hecho en Eivissa, mientras que en Formentera, según el Consell, el nivel de regularización es «altísimo», aunque aún queda por hacer.

La UE ya advirtió de que los propietarios que no regularizasen sus cepas serían obligados a arrancarlas y, en el caso de que tampoco lo hicieran, la propia administración se encargaría de ello. Ante la escasa respuesta de los afectados, el Ministerio de Agricultura, con el visto bueno de la UE, ha abierto desde entonces sucesivos periodos de prórroga para tramitar la inscripción de estas plantaciones.

La UE mantiene que la producción para autoconsumo se corresponde a plantaciones de menos de 1.000 metros cuadrados de superficie, cuando las parcelas de las Pitiüses tienen entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados de media, y muy pocas producen vino para comercializar. Precisamente casi todas las casas payesas tradicionales cuentan con una parcela de terreno dedicada al cultivo de vid abandonada o para consumo propio. Julia Torres, técnica del Consell encargada de este proceso de regularización, afirma que la gente «no es consciente de la importancia de registrar la vid». Apunta, por ejemplo, la existencia de casos de personas que han heredado la plantación y, como no tienen ningún interés en explotarla, tampoco piensan en regularizarla.

Torres recuerda que los derechos de esas parcelas pueden ser vendidos a otras personas (el valor es de 3.000 euros por hectárea en Balears) y que sólo por ello ya vale la pena registrarla. Para cultivar ahora vid hay que conseguir antes los derechos de una plantación en regla. El Consell advierte además de que todo lo que quede fuera del control de la UE, una vez arrancado, supondrá a la larga una reducción de la superficie asignada a las Pitiüses, con la pérdida de parte de la cultura agraria.