La asociación ecologista de Eivissa GEN y el GOB de Formentera
valoraron ayer negativamente el proyecto de Ley para la
conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO)
elaborado por el Govern porque, a su juicio, rebaja la protección
de los espacios naturales y criticó que el texto considera la
protección como un «mal necesario».
«La protección y conservación se interpreta como un castigo
inevitable, impuesto por una parte de la ciudadanía y por
instituciones supraautonómicas, un daño a la propiedad privada que
debe compensarse de alguna manera», señaló el GOB. En un comunicado
que recoge los puntos que ha trasladado a los grupos políticos para
que puedan incorporarlos a sus enmiendas de modificación de la Ley,
el grupo ecologista lamentó que el texto rebaja el marco actual de
protección, permite la edificación en terrenos protegidos y encubre
el fraude fiscal en la compra venta de fincas.
Según GEN y GOB, la LECO deroga también el parque y el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cala d'Hort,
manteniendo vigentes únicamente las reservas naturales de los
islotes. Además, prevé la elaboración de un nuevo plan, limitado
básicamente a los terrenos donde no se puede edificar, es decir,
«la franja de protección marítima y poco más», señala el
comunicado. Por último, la LECO permite que los propietarios de
fincas protegidas no se sometan al derecho de tanteo y retracto,
que otorga a la Administración un derecho de compra preferente. En
su opinión, aunque consideran adecuado la vía de la negociación
para la adquisición pública de terrenos, esta previsión tiene como
«único objetivo» evitar el control fiscal de la Administración
sobre las transacciones inmobiliarias, «permitiendo el fraude
fiscal en la venta de fincas situadas dentro de espacios
protegidos». Los ecologistas lamentaron que sólo dos de los ocho
principios que inspiran la ley tengan como objetivo la preservación
de los valores naturales, y muestre más preocupación por los
derechos de los propietarios que por los de la ciudadanía. Entre
las novedades del texto, cita un consejo asesor de espacios
naturales, la creación de nuevas figuras de protección, como el
paraje natural y las áreas de interés científico, y la regulación
de los derechos de tanteo y retracto.
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