El Tribunal Superior de Justicia de Balears desestima el recurso
presentado por los promotores del camping de Formentera de Ca Marí,
que solicitaban una indemnización 12 millones de euros por la
desestimación de la apertura de las instalaciones. Asimismo, el
Tribunal Superior de Justicia da por buena la resolución recurrida
por Formentera Club S.A. , por lo que no cabe otro recurso
ordinario.
El caso se remonta a 1986 cuando Formentera Club S.A. solicitó
la declaración de interés social y autorización previa y
calificación de alojamiento turístico para un camping en el paraje
de Ca Marí que preveía la más de mil plazas. Varios meses después
la comisión de Urbanismo de Balears autorizó lo solicitado
declarando el interés social de las instalaciones, mientras que el
Ayuntamiento d Formentera denegó la licencia de obras por
encontrarse en un espacio no urbanizable, afectado por la Ley de
Espacios Naturales (LEN).
La empresa presentó en 1996 un recurso de casación contra la
desestimación de la licencia de apertura que el TSJ sentenció que
debía ser otorgada. por su parte, la conselleria balear de Turisme
presentó otro recurso contra Formentera Club S. A. al que también
se adhirió el Ayuntamiento de Formentera.
El 7 de octubre de 1999 Formentera Club S.A. interpuso un
recurso contencioso administrativo por la negativa de concederese
la licencia y alegando daños y perjuicios provocados a los
promotores que ya tenían la licencia de obras para las
instalaciones en el paraje de Ca Martí en Formentera.
A esta demanda le siguió en 2001 otra demanda contra el
Ayuntamiento de Formentera y la consellería de Turisme por el
funcionamiento anormal de la administración. En este sentido, el
TSJ rechaza la indemnización solicitada de 12 millones de euros que
debían pagar el Ayuntamiento y Turisme.
El 26 de abril de 1992 Formentera vivió la mayor movilización de
su historia en contra de la apertura de las instalaciones del
camping. El proyecto, que preveía más de mil plazas turísticas, fue
también rechazado por los ediles del Consistorio, lo que provocó la
inhabilitación de ejercer cargos públicos por un periodo de tiempo
de seis años, aunque el Gobierno lo denegó en 1999. De esta forma,
más de un millar de personas se manifestaron en la Pitiusa menor
con el fin de evitar la construcción de los 3.500 metros cuadrados
que abarcaba el proyecto de las instalaciones.
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