El Juzgado de Instrucción número cinco de Eivissa celebra mañana
juicio oral contra la persona que supuestamente cerró el acceso a
la playa pequeña de Cala Salada, conocida popularmente como Cala
Saladeta. El fiscal pide una condena de un año de prisión y una
multa de 15 meses a razón de 180 euros diarios (81.000 euros) de
inhabilitación especial para profesión u oficio de constructor por
un tiempo de dos años por un supuesto delito contra la ordenación
del territorio. También reclama una pena de seis meses de multa a
razón de 180 euros diarios (32.400 euros), así como inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena por otro presunto delito de usurpación.
El fiscal incoó diligencias a raíz de la denuncia presentada por
un ciudadano. El fiscal constató que el acusado, un español de 44
años, se apoderó supuestamente de parte del dominio público
marítimo terrestre de Cala Saladeta un año después de adquirir un
finca rústica lindante con la playa conocida como es Torrent de sa
Perdiu o s'Arenal de Cala Salada. Para ello, se instaló sin permiso
un vallado continuo de tela metálica con una base de piedra
hormigonada. También se levantó una pared de piedra de dos metros y
medio de altura, intercalada con una puerta de hierro y dos cadenas
en otra zona de servidumbre, que impedían el acceso a la playa por
tierra. El Ayuntamiento encargó un informe jurídico que reconoce
que siempre ha existido un camino público donde el propio
Consistorio había llegado a hacer tareas de limpieza.
En la instrucción del caso se consideró que desde la fecha
próxima y anterior a febrero de 2002, el acusado, sin autorización
o concesión alguna, directamente o por encargo a terceras personas,
llevó a cabo obras para que Cala Saladeta quedara para su uso
exclusivo. La finca de es Torrent de sa Perdiu fue adquirida
mediante escritura pública de compraventa el 24 de mayo de 2001 a
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios por un precio escriturado
de 1,3 millones de euros (215 millones de pesetas).
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