E. RODRÍGUEZ29/11/04 0:00
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La nueva Ley para la Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental (LECO), que afecta un área de 700 hectáreas de Cala d Hort, aparte de es Vedrà, es Vedranell y los islotes de Poniente, contempla un régimen de sanciones que en el caso más grave puede llegar a suponer el pago de tres millones de euros (500 millones de pesetas). La nueva ley ambiental de Balears, que se aprobará seguramente entre mayo y junio del año que viene, es una adaptación de la Ley estatal 4/89 de Conservación de la Flora y Fauna. El régimen de multas de las dos leyes coinciden, aunque la legislación autonómica incorpora además en el texto normativo que «la cantidad de las sanciones económicas que se impongan por infracciones graves o muy graves pueden incrementarse hasta el total del valor del beneficio ilícito obtenido por el infractor, hasta un límite de tres millones de euros».

La ley recoge que las infracciones muy graves acarrearán una multa de entre 60.000 y 300.000 euros; las graves, de 6.000 a 60.000 euros; mientras que las leves, de 100 a 6.000 euros. Aparte de las sanciones económicas, la comisión de una infracción grave o muy grave puede suponer también la suspensión del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas, la inhabilitación del infractor para ser titular de autorizaciones, licencias y concesiones administrativas y el cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad.

La normativa considera infracciones muy graves la utilización de productos químicos, sustancias biológicas o contaminantes, así como el vertido de residuos que alteren las condiciones de los valores del espacio. Tienen la misma consideración el incendio deliberado de masa forestal arbórea o la alteración irreversible de los hábitat de espacios naturales. Asimismo, la administración prevé la sanción económica más dura a la organización de actos multitudinarios (fiestas ilegales) si producen un daño muy grave al medio natural. De todos modos, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) es el instrumento que determinará qué usos se pueden hacer dentro del espacio protegido.