Por miles se contarán el número de personas que este fin de semana
han pasado por la finca de Can Caus, donde por sexto año
consecutivo se celebra la Fira Ramadera. Seguramente muy pocos de
ellos pensarán que se encuentran dentro del radio de la zona
afectada por la contaminación de carburantes más grave de la
historia de Balears, provocada presuntamente por la fuga de
gasolina sin plomo de la estación de servicio de Santa Gertrudis,
situada apenas unos 100 metros más adelante.
Los vecinos detectaron que el agua desprendía un fuerte olor a
gasolina y denunciaron los hechos a la prensa en mayo de 2003.
Meses antes pusieron la primera denuncia ante el Consell, a la que
siguieron otras ante Sanidad y la dirección general de Industria,
aunque, según denunciaron los afectados, «nadie hizo nada». El
nuevo gobierno autonómico declaró la urgencia de los trabajos de
limpieza del acuífero y en la primera semana de octubre del año
pasado puso en marcha la torre de stripping, situada justo al lado
de la estación de servicio. Desde entonces no se ha ininterrumpido
la actividad, pero para los vecinos de la zona todo sigue igual.
Uno de los más afectados es Joan de ca n'Andreu, que, de todos
modos, tiene la 'suerte' de que un hermano le cede el agua de una
perforada que no está afectada por la contaminación. «No podemos
tocar para nada la nuestra», dijo ayer a este periódico. Enfrente
de ca n'Andreu se encuentra la explotación ganadera de Can Caus,
que cada semana consume dos camiones cuba, y eso agrava los costes.
Los técnicos de la Conselleria de Medi Ambient sólo recuerdan
como antecedente el escape de carburante que se produjo hace unos
años en una gasolinera del centro de Palma, pero que no fue tan
grave ni afectó a ninguna vena de agua del subsuelo. La Fiscalía de
Eivissa tampoco ha hallado jurisprudencia de casos similares
producidos en otros lugares de España durante los últimos 10
años.
Da la impresión de que la ciudadanía ha asumido este grave
problema ecológico como un asunto más del día a día de la isla que
de vez en cuando aparece en alguna página de la prensa local. Hasta
las voces ecologistas apenas se han pronunciado sobre el asunto,
como si realmente no fuera tan trascendente como la política de
carreteras y de territorio del gobierno del PP del Consell.
Cierto es que, ante la gravedad del problema, la limpieza del
acuífero, que ya lleva un año en marcha, es una de las prioridades
de la Conselleria de Medi Ambient del Govern, y que el Juzgado de
Instrucción número uno de Eivissa actúa con diligencia para
facilitar el trabajo de descontaminación que lleva a cabo la
empresa Terratest y Gea Medioambiente y para depurar
responsabilidades por un presunto delito ecológico por el que están
imputados los responsables de la empresa que gestiona la
gasolinera.
El Govern calcula que al menos 30.000 litros de gasolina sin
plomo fueron a parar al acuífero, lo que condiciona que el volumen
de agua contaminada puede ser realmente espectacular. La guía de
seguridad de las estaciones BP establece que un litro de carburante
puede llegar a contaminar 750.000 litros de agua, por lo que una
simple multiplicación puede dar una muestra aproximada de la
dimensión del daño ecológico.
Los análisis realizados por la Conselleria constatan, eso sí,
una bajada del nivel de contaminación, salvo en algunos momentos en
los que se ha producido un repunte por la acción de la lluvia. Al
parecer, la escorrentía esparce el carburante que mantiene retenido
el terreno que rodea los tanques de la gasolinera, que aún están
enterrados bajo tierra. El juez ha fijado como fecha tope para la
extracción de los depósitos el próximo día 2 de noviembre, que una
vez fuera y visto su estado se podrá determinar el grado de
culpabilidad de la gasolinera. Ésta a su vez ha demandado ante el
juez a la empresa constructora, a la que reclama los daños y
perjuicios por la instalación de los depósitos de combustible.
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