El puerto deportivo de Santa Eulària será uno de los afectados por la nueva ley de puertos.

Los puertos de Santa Eulària y Sant Antoni tendrán derecho al tanteo una vez que se haya agotado el tiempo de la concesión de los servicios portuarios, según contempla el anteproyecto de la nueva ley de puertos presentada por el Govern el pasado día 15 de octubre. Este derecho a tanteo supone la posibilidad de igualar la mejor oferta por parte de los interesados.

En el momento en que se apruebe el anteproyecto de ley, los puertos tendrán seis meses para adaptarse a la nueva normativa; entre éstos se encuentra el Club Náutico de Sant Antoni, cuya concesión ya ha terminado. El puerto deportivo de Santa Eulària, por su parte, terminará su concesión en 2031, aunque, según la nueva normativa, el concesionario podrá solicitar una prórroga una vez se hayan cumplido dos tercios del tiempo total de la concesión.

En relación a los puertos de gestión indirecta, como son el puerto de Santa Eulària y el Club Nàutic de Sant Antoni el texto contempla que el concesionario tendrá derecho a cobrar, como máximo, un 1% del precio del contrato. Asimismo, las concesiones en estos puertos se otorgarán por un período de 30 años. En el caso de los puertos de gestión directa, es el caso del puerto de Sant Antoni, las concesiones de los amarres se otorgarán con un carácter personal e intransferible y por un periodo no superior a tres años.

En el texto normativo aparece el especial interés en la regulación de los servicios marítimos entre Eivissa y Formentera, aunque en el mismo texto insta al Plan Director Sectorial del Transporte de Balears. El objetivo fundamental es proporcionar los suficientes recursos e instalaciones que permitan la comunicación entre todas las islas.

El anteproyecto de la ley de puertos también contempla la creación de un Registro de Usuarios de Embarcaciones de Ocio, cuyo registro será de carácter obligatorio. Los puertos en concesión deberán presentar al Govern una relación completa de los usuarios y amarres en un periodo de un año desde la entrada en vigor de la ley. Una vez creado, el registro podrá ser consultado para cualquier persona que acredite un interés fundado. Con la nueva ley, la mayoría de competencias de puertos pasará a ser ejecutadas por Ports de les Illes Balears con el fin de conseguir mayor agilidad en la gestión y la posibilidad de que otros sectores económicos y sindicales participen.