El Govern realizará «modificaciones puntuales» a la Ley de comercio para incrementar las sanciones máximas a las empresas infractoras e incorporar parte del contenido del decreto 217/1996 re ferente al Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Balears, recurrido en su día por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y avalado recientemente por una sentencia del Tribunal Supremo, según informó ayer el conseller de Comerç, Indústria i Energia, Josep Juan Cardona.

Cardona informó que esta modificación adecuará las sanciones a los beneficios económicos que obtienen las empresas infractoras, especialmente en el caso de incumplimientos graves y muy graves, aunque no precisó la cuantía en la que aumentarán las multas. La sanción máxima establecida en la Ley de comercio alcanza en estos momentos los 150.000 euros.

Tras presidir reunión del Consell Assessor de Comerç -organismo consultivo integrado por los consells insulars, patronales comerciales, sindicatos y organizaciones de consumidores- el conseller de Comerç informó que el Ejecutivo tiene intención de vehicular la actualización del régimen sancionador comercial a través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos, lo que permitirá que los cambios entren en vigor a principios de 2005.

A petición de las patronales comerciales, el Consell Assessor de Comerç acordó ayer la creación de un grupo de trabajo para fijar criterios objetivos que permitan delimitar las zonas calificadas de gran afluencia turística en las Islas, las cuales disfrutan de exenciones en cuanto al horario máximo de apertura comercial permitido en temporada alta. Los criterios establecidos por esta comisión, en la que participarán representantes del sector comercial, Conselleria de Comerç y técnicos de la Conselleria de Turisme, serán desarrollados a través del reglamento de la ley de comercio o mediante una orden del conseller.

En estos momentos los ayuntamientos de Baleaars que estén interesados deben solicitar cada año la delimitación de zonas de gran afluencia turística en sus municipios a la Conselleria de Comerç y, hasta la fecha, siempre han obtenido la autorización del Govern de les Illes Balears.

Sanciones
Por otra parte, Juan Cardona informó de la aplicación de cinco sanciones de 120.000 euros a cuatro «grandes establecimientos comerciales» de Eivissa, uno con dos expedientes abiertos, y a otro de Palma, como resultado de las inspecciones realizadas por los servicios de inspección de la Conselleria. Estas empresas han sido sancionadas por faltas muy graves derivadas de abrir sin contar con la preceptiva licencia autonómica.

Los expedientes derivados de las denuncias de las patronales Afedeco y Pimeco sobre grandes empresas de distribución alimentaria por superar presuntamente los horarios y la superficie máxima de venta permitida.

El titular autonómico de Comercio criticó el proyecto de Ley de Horarios Comerciales elaborado por el Gobierno central y recordó que su departamento ha encargado un estudio jurídico para comprobar si invade las competencias de la Comunidad Autónoma