El informe «Destrucción a toda costa 2004» de la organización ecologista Greenpeace sitúa a Baleares entre las cinco comunidades «que peor gestionan y cuidan su costa» y cita otras tantas actuaciones en las islas como algunos de los «50 puntos negros» que a su juicio tiene la costa española, entre ellas la depuradora de Eivissa, que «desemboca en una pradera de Posidonia oceánica en regresión debido a la contaminación, y el puerto deportivo de Sant Antoni.

Estas actuaciones se sitúan entre los puestos 23 y 27 de la lista de 50 «puntos negros» de la costa española, según el mismo informe, que cita como las otras comunidades que tampoco cuidan su costa a Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia. La organización, que asegura que ninguna comunidad tiene su costa en buen estado, afirma en relación a Baleares que «décadas de desarrollo turístico mal planificado» han llevado a su litoral a «padecer graves problemas de saturación urbanística, contaminación, destrucción de espacios naturales y erosión costera». «Gran parte de la costa balear lleva sufriendo durante mucho tiempo la dictadura impuesta por el sol y playa», añade la entidad, quien recuerda que «el maltrato dado al espacio costero está empezando a pasar factura a la propia industria turística, que lleva tres años con un descenso constante de los niveles de ocupación a pesar del aumento del número de turistas». Greenpeace lamenta que «el cambio de gobierno en el archipiélago ha supuesto un «auténtico mazazo para sus costas. Al respecto, cita decisiones como la modificación en la Ley de Espacios Naturales para permitir la construcción de viviendas unifamiliares en los espacios protegidos de las Pitiüses, lo que según sus cálculos supondrá el levantamiento de 6.000 nuevos chalés y la derogación de la moratoria de los campos de golf.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, informó ayer, tras conocer el informe, que el ministerio elaborará un Plan Director para la gestión sostenible de la costa, que establecerá un diagnóstico de todos los tramos litorales del país, y diseñará una programación anual de actuaciones. Entre las medidas previstas destaca el control de las extracciones de áridos en la costa. Narbona dijo que el mantenimiento de las playas dejará de basarse en la «fácil, simple e indiscriminada» aportación de arenas procedentes del fondo marino.