El Pacte augura una lluvia de recursos judiciales en contra de las
nuevas normas subsidiaras de Santa Eulària, que, según los
progresistas, «amparan los desmanes cometidos para que los
políticos no tengan problemas ante la justicia». El portavoz de la
oposición en Santa Eulària, Carlos Salinas, denunció ayer, por
ejemplo, que la nueva norma, que regirá el urbanismo del municipio
hasta la revisión del Plan General, califica ahora como suelo
urbano el sistema dunar de Cala Nova donde un familiar del teniente
de alcalde Vicent Riera construyó un restaurante al amparo de una
licencia municipal.
El Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), declarado nulo
por los tribunales, no incluía esta área de Cala Nova como urbano,
por lo que la asociación ecologista Amics de la Terra presentó una
denuncia ante los tribunales hace más de dos años. Salinas explicó
que, al no ser urbano, el restaurante debía construirse como mínimo
a 100 metros de distancia del mar. La Ley de Costas sólo permite
urbanizar a 25 metros del mar los suelos urbanos, que curiosamente,
según Salinas, es la nueva calificación del sistema dunar donde se
asienta el restaurante. El juez ordenó en su día paralizar la
construcción y tomó declaración al alcalde Vicent Guasch en calidad
de testigo. La causa sigue abierta.
Por otra parte, el Pacte pone en duda de que las más de 70 a la
norma aprobadas por la Comisión Insular de Urbanismo (CIU) no
supongan ningún cambio sustancial, que es en lo que se ampara el
Consell para evitar una nueva exposición pública. Los progresistas
también critican que el equipo de gobierno no haya facilitado copia
de las alegaciones. «No sabemos qué alegaciones [se han presentado
354] se han aceptado y cuáles no», dijo Pilar Costa, portavoz del
Pacte.
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