Los propietarios de los apartamentos turísticos «Dunas Playa» de
Formentera, el mallorquín Juan F., de 54 años, y sus hijos
Bartolomé y Pedro, de 24 y 26 años respectivamente, serán juzgados
por la Audiencia Provincial por la agresión que sufrieron el ex
concejal de Urbanismo, José Ramón Mateos, dos policías locales y un
aparejador municipal cuando el 8 de mayo de 2002 se presentaron en
el citado establecimiento para precintarlo parcialmente. El fiscal
pide para todos ellos penas que en su conjunto suman los once años
de prisión.
El juicio está previsto que se celebre el próximo día 17, justo
tres días después de que se hayan celebrado las elecciones
generales en las que José Ramón Mateos se presentan como número
tres del PSOE en las listas de Balears para el Congreso.
Los tres imputados están acusados formalmente de la comisión de
un presunto delito de atentado. El escrito fiscal recoge la
especial gravedad de los hechos no sólo por el supuesto ataque que
sufrieron dos policías locales y el aparejador del Ayuntamiento de
Formentera sino también por la condición de concejal que entonces
tenía José Ramón Mateos.
La principal pena, de cinco años, se pide para Juan F., mientras
para cada uno de sus hijos se reclama una condena de hasta tres
años de cárcel.
La presunta agresión se produjo a primeras horas de la tarde del
8 de mayo de 2002 después de que se fuera a ejecutar un precinto
por «reiteradas infracciones urbanísticas». Entre éstas se incluían
«obras realizadas en terrenos de dominio público denegadas por
Costas», según informaron desde el departamento de obras del
Ayuntamiento de Formentera. El precinto se iba a llevar a cabo
concretamente en el bar restaurante, en la cocina y en la recepción
de los apartamentos, todo ello después de que en las primeras dos
zonas se construyeran pérgolas «sin ninguna licencia municipal»,
explicaron las mismas fuentes. Los ahora acusados, por su parte,
también emprendieron en su día acciones legales contra Mateos y
contra el ex alcalde Isidor Torres al denunciarles por un presunto
delito de prevaricación y falsedad documental. Por este hecho ambos
cargos tuvieron que declarar en el juzgado en calidad de imputados
un año después de producirse el precinto en el «Dunas Playa».
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