El conseller insular de Medi Ambient, Josep Mayans, aclaró ayer que
el nuevo Govern balear ha abierto una prórroga de dos años para que
los ciudadanos puedan legalizar los pozos de las Pitiüses
construidos sin la correspondiente autorización.
Mayans desconoce cuántas perforades ilegales puede haber en
Eivissa y Formentera, aunque recordó que en 2001, cuando el
anterior gobierno del Pacte abrió un plazo de tres meses para
legalizar pozos, hubo 300 solicitudes. La ley de acompañamiento de
los presupuestos de la comunidad autónoma recoge este nuevo periodo
para regularizar las perforades.
Una vez recogida la solicitud, el Consell, según explicó Mayans,
hará una inspección al pozo para valorar las necesidades reales de
consumo de los beneficiarios. «Se asignará el caudal real», indicó.
Los propietarios también tendrán la obligación de instalar un
contador para controlar el caudal. El conseller aseguró que sólo
los pozos que reúnan todos los requisitos legales pueden utilizarse
para el riego del campo, aparte del incremento del valor de
tasación de la propiedad. Estas son las ventajas más importantes,
según Mayans, para acogerse a la fórmula de legalización de las
perforades de la isla. El Consell Insular sólo dispone de dos
celadores para controlar la legalidad de los pozos de las
Pitiüses.
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