El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) critica el acuerdo
adoptado el viernes por la comisión de gobierno del Ayuntamiento de
Sant Antoni de comunicar a Michel Cretu que dispone de un plazo de
tres meses (90 días) para presentar un proyecto de demolición de su
mansión, tal como avanzó ayer este periódico, en cumplimiento de la
sentencia del TSJB. Los ecologistas entienden que se trata de «una
medida dilatoria» para retrasar la ejecución de la sentencia, según
aseguró ayer el presidente del GEN, Juan Carlos Palerm. «El
Ayuntamiento es quién debe echar abajo la casa en el plazo de dos
meses fijado por el juez», indicó.
Cretu seguramente recurrirá la resolución de la comisión de
gobierno, lo que abrirá un proceso judicial paralelo entre el
Consistorio y la propiedad que podría posponer considerablemente el
derrumbe de la vivienda. «La ejecución de una sentencia es un
procedimiento independiente que tiene muchas otras connotaciones
distintas a lo que es la anulación de la sentencia», justificó a
este periódico el alcalde de Sant Antoni, José Sala.
Para tratar de evitar que la demolición quede pendiente de un
nuevo proceso judicial, el GEN, cuando se cumplan los dos meses
previstos en la sentencia (el próximo día 18), reclamará ante los
tribunales «la ejecución forzosa de la demolición» para que la
lleve a cabo de forma subsidiaria.
Sanción económica
Palerm advierte al Consistorio de que si el día 18 no se ha
iniciado la demolición del inmueble puede incurrir en un delito
penal por desobediencia, aparte de la sanción económica progresiva
que el juez pueden imponer al Consistorio hasta el cumplimiento de
la sentencia.
El grupo ecologista también descarta la posibilidad de que Cretu
pueda legalizar su casa a través de la disposición adicional
incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la
comunidad autónoma supuestamente para evitar el derrumbe y la ruina
de las arcas municipales. No obstante, el alcalde de Sant Antoni,
José Sala, lo ve de forma diametralmente opuesta: «Me imagino que
el propietario se querrá acoger a esta posibilidad para
legalizarla».
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