La consellera de Obras Públicas del Govern balear, Mabel Cabrer,
reconoció ayer ante el Parlament que el Ayuntamiento de Sant Antoni
es quién tiene que decidir si legaliza o no la mansión de Michel
Cretu en Santa Agnès aplicando la disposición adicional 18,
exclusiva para Eivissa, de la controvertida ley de acompañamiento
de los presupuestos de la comunidad.
Cabrer recordó, en respuesta a la pregunta formulada por la
diputada socialista Pilar Costa, que «el Govern no puede legalizar
ninguna edificación, puesto que se trata de una competencia
municipal». «Si la casa de Cretu está afectada o no por la ley de
acompañamiento de los presupuestos es un asunto que analizará el
ayuntamiento», subrayó la consellera.
Costa, por su parte, insistió en que el Ejecutivo autonómico ha
elaborado una norma a medida para salvar la mansión de Cretu y
cuestionó a la consellera si, con ello, el Govern autorizaba al
municipio a saltarse el cumplimiento de la sentencia de la
demolición, lo cual demostraría una «complicidad inadmisible».
La diputada del PSOE subrayó una vez más que la ley de
acompañamientos es anticonstitucional y que el alcalde de Sant
Antoni, José Sala, reclamó al PP una reforma legislativa para
evitar la demolición de la mansión, que abocaría al Consistorio a
la bancarrota.
El ataque de Costa no sentó nada bien a la consellera, que culpó
directamente a la ex presidenta y al anterior gobierno del Pacte de
la difícil situación urbanística de las Pitiüses. Cabrer recordó
que el Pacte incumplió las Directrices de Ordenación del Territorio
(DOT) que marcaban un plazo de cuatro años para la aprobación
inicial del Plan Territorial Insular (PTI). «Tampoco modificaron
las DOT para ampliar este plazo, poniendo en peligro las
moratorias», lamentó Cabrer. Sobre la polémica ley de
acompañamiento de los presupuestos, la consellera insistió en que,
con esta nueva norma, el Govern balear sólo pretende recuperar «las
DOT del 99 con una situación muy particular que sufre Eivissa y
Formentera» .
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