EUGENIO RODRÍGUEZ21/10/03 0:00
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El diputado del PP y ex alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, asegura que el Consistorio tendrá que «pedir responsabilidades al Consell Insular» por que éste informó favorablemente al permiso de obra solicitado por Michel Cretu, alma del grupo musical Enigma, para levantar una mansión en Santa Agnès, en una zona natural de máxima protección. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado un auto en el que ordena al Consistorio a ejecutar en un plazo de dos meses la demolición de la mansión de Cretu, lo cual puede tener un coste desorbitado para las arcas municipales. La construcción del famoso cantante ocupa una superficie de 1.075 metros y está valorada en 6,9 millones de euros (más de 1.000 de pesetas).

Marí Tur, que era el alcalde de Sant Antoni cuando el Consistorio dio luz verde a la controvertida licencia de obra, siempre ha mantenido que el permiso se concedió en base a un informe favorable de la Comisión Insular de Urbanismo (CIU), dependiente del Consell. «El proyecto ha cumplido siempre según los informes del Consell y de los técnicos municipales, con asistencia jurídica. Por algún resquicio el juez ha considerado que no estaba bien, pero todos los informes eran favorables», dijo ayer Marí Tur.

El actual alcalde de Sant Antoni, José Sala, estaba todavía ayer de viaje, por lo que el equipo de gobierno rechaza hacer valoraciones sobre el auto. «La ley se tiene que cumplir», dijo resignado el concejal de Gobernación, Juan Pantaleoni. El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) ve el asunto de forma diametralmente opuesta. «Es vergonzoso que los informes municipales y de la CIU fueran favorables, cuando es tan obvio que eso es ilegal», indicó ayer a este periódico Neus Marí, miembro de la junta directiva del GEN. «Si eso es un pueblo», añadió en alusión a «la flagrante ilegalidad» cometida por el Consistorio al dar permiso de obra para la mansión de Cretu. Los informes de la CIU y los técnicos municipales, según Marí, no hicieron mención alguna a los asuntos que claramente vulneraban legalidad. Recordó, además, que la sentencia es firme y que no cabe recurso alguno.