Sin embargo, el también concejal de Gobernación aclaró que por el
momento no ha tenido oportunidad de estudiar el documento con lo
cual prefirió no pronunciarse sobre el tema, por ahora, hasta
ponerse en contacto con el alcalde de Sant Antoni, José Sala, que
desde el viernes se encuentra fuera de la isla y al que este
periódico no pudo localizar durante la jornada de ayer.Únicamente
Pantaleoni apuntó que «está claro que la ley habrá que cumplirla
pero al Ayuntamiento tampoco le interesa tener que pagar una
millonada, algo que tampoco está claro todavía que ocurra».
Tampoco la concejala de Urbanismo, Josefa Costa, quiso hacer
declaraciones, a la espera de que la próxima semana el equipo de
gobierno al completo analice la situación en profundidad y tome una
decisión conjunta. La edil sí quiso dejar claro que la corporación
municipal tiene, ante todo, que «defender a los contribuyentes de
Sant Antoni» ante las posibles indemnizaciones a las que tendría
que hacer frente el Consistorio. Si el derribo de la casa ya
repercutirá notablemente en las arcas municipales, las
consecuencias para el Ayuntamiento pueden ser todavía más graves si
la empresa Baloo Music, del artista Michel Cretu, decide reclamar
ante los tribunales el coste de la mansión, que ocupa una
superficie de 1.075 m y está valorada en 6,9 millones de euros, es
decir, más de 1.000 millones de pesetas.
El auto emitido por el juzgado de lo Contencioso Administrativo
número uno de Palma de Mallorca es consecuencia de la sentencia del
Tribunal Supremo que desestimaba el recurso presentado por Baloo
Music para evitar la demolición de la mansión, como establecía en
una sentencia de 2002 el Tribunal Superior de Justicia.
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