El Consistorio se negó a pagar estos seis certificados de obra,
según dice la sentencia, en base a «la inexistencia de un acuerdo
de modificación del contrato». Además, no aceptaba la cantidad
solicitada por la empresa (40'7 millones de pesetas). El
Ayuntamiento defendía que en todo caso sería de 32 millones de
pesetas. «Afirmará, en consecuencia, que aquella cantidad nunca ha
sido aceptada o certificada por los técnicos directores de obra»,
reza la sentencia del TSJ. O sea, que el Ayuntamiento no las había
autorizado y, por tanto, no se veía con la obligación de
pagarlas.
La obra se acabó en 1991, pero la recepción definitiva (visto
bueno final por parte de la administración) se produjo en
septiembre de 1995. Infraestructura y Obras de Ibiza SL realizó
trabajos complementarios entre 1990 y 1991 para acabar el proyecto,
que, según el Consistorio, no figuraban en el contrato. El TSJ
establece, sin embargo, que este proyecto está sujeto a las
condiciones de un contrato de carácter administrativo y que «las
certificaciones reclamadas son correctas».
«La obligación que tiene el Ayuntamiento de pagar se confirmó en
el momento que la constructora cumplió su obligación, poniendo a
disposición de la Corporación la realización de obras
complementarias necesarias para la ejecución del proyecto», dice el
TSJ. La reclamación económica de las certificaciones de obra
asciende a 40'7 millones de pesetas, dividida en seis facturas de
19'5 millones, 6'9 millones, 6'9 millones, 2'5 millones, 188.694 y
4'6 millones.
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