Herbusa, la empresa que gestiona el vertedero, reitera que no ha
podido acometer antes la reforma de las instalaciones de ca na
Putxa porque ni el Ayuntamiento de Santa Eulària, ni el Consell
Insular, ni el Govern balear les ha autorizado a ello. Por eso, el
domingo presentaron ante el Juzgado de instrucción número uno un
recurso de forma en contra de la resolución dictada por el juez la
pasada semana por medio de la cual ordena a Herbusa a abonar en
cinco días una fianza de 12 millones de euros (2.000 millones de
pesetas) para responder a las obras de reforma de ca na Putxa, así
como el inicio de su ejecución en un plazo de dos meses.
El gerente de Herbusa, Antoni Ribas, al que el juez también
imputa en la causa que se instruye por un posible delito ecológico,
aseguró ayer en rueda de prensa que la empresa «no puede sentirse
responsable del problema» ya que en los últimos años ha pedido en
repetidas veces a las tres administraciones permiso para ejecutar
obras de mejora de ca na Putxa necesarias para cumplir la normativa
y que hasta ahora nunca había obtenido respuesta. «Es curioso que
no se nos deje hacer nada y después se nos haga responsables de
ello», subrayó.
Recordó que nunca se autorizó nada con la excusa de la redacción
de un Plan Director Sectorial, que el Ejecutivo autonómico inició
sin suerte en varias ocasiones.
Ribas, que compareció ante la prensa acompañado por el
propietario de Herbusa, Vicente Bufí, indicó que, de todos modos,
la empresa ha llevado a cabo mejoras de las instalaciones pese a no
contar con permiso para ello, como la puesta en marcha de un
sistema de combustión de biogas y captación de lixiviados. «Herbusa
ha hecho todo lo que estaba de su mano y, si no ha hecho más, es
porque no le han dejado. No se puede decir que la empresa ha
mantenido una actitud pasiva», insistió Ribas.
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