El Consell d'Eivissa i Formentera ha realizado un informe jurídico
sobre las competencias del Ayuntamiento de Sant Antoni en cuanto a
sanciones por incumplimiento de aforo y horarios en locales
públicos. El alcalde de Sant Antoni, José Sala, informó ayer de que
este estudio coincide «con lo que ya sabía el Ayuntamiento» y es
que sólo hay competencias municipales para imponer sanciones -de
acuerdo con la Ley 1.92 de protección ciudadana- de hasta 300 euros
(50.000 pesetas).
«Esto no es la solución que requieren los problemas que sufre
Sant Antoni porque cualquier local pagaría una multa así, incluso
voluntariamente, con tal de tener más horas de apertura», remarcó
el alcalde que no dudó en calificar la cantidad máxima de sanción
como «ridícula».
José Sala está convencido de que hay que endurecer esta facultad
para lo que tendrá que intervenir el Consell en el tema. «Esta
misma semana -anunció- habrá una reunión para dilucidar nuevas
fórmulas con el Consell d'Eivissa i Formentera y la Delegación del
Gobierno», de forma que todos los organismos implicados puedan
incrementar la fuerza sancionadora y «hacer cumplir las ordenanzas
existentes a rajatabla», algo que hoy por hoy no sucede en Sant
Antoni y en otros municipios pitiusos.
Durante este año se han interpuesto cerca de un centenar de
denuncias en Sant Antoni sobre temas relacionados con los «pub
crowls», los aforos y los horarios de apertura.
Futuro
Sala remarcó durante un pleno reciente que «este verano se hará lo
que se pueda con lo que se tienen, pero la temporada que viene se
contará con un cuerpo de ordenanzas completo que permitirá actuar
con la seguridad jurídica que se precisa». En este sentido se
encaminarán las reuniones que tiene previstas con el presidente del
Consell, Pere Palau.
El control de los bares es, por su dificultad, una de las
asignaturas pendientes.
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