El Govern anula los últimos acuerdos del ejecutivo de Antich

«Entendemos -comentó Flaquer- que un gobierno en funciones no puede adoptar determinado tipo de acuerdos y en consecuencia se abre un procedimiento de revisión y suspensión cautelar».

«Con el tiempo, podremos ir informando de qué decisiones aprobadas en estos dos consells de Govern se mantienen y cuáles no», agregó.

Joan Flaquer no concretó los términos del informe jurídico y se remitió a la vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás, responsable política del servicio jurídico.

Estarás abundó en lo dicho por el portavoz pero tampoco pudo concretar -estaba fuera de la conselleria y los juristas no estaban localizables en aquel momento- los términos del informe. De cualquier modo, añadió, «lo que de verdad importa es que el Govern no disponía de autoridad moral para tomar algunas decisiones que comprometen a sus sucesores cuando ya se habían celebrado elecciones».

La vicepresidenta indicó que la falta de autoridad moral venía ahora reforzada por los juristas y explicó que será durante el proceso de revisión de expedientes cuando se establezca cuáles deben suspenderse de forma definitiva. La suspensión acordada ayer es cautelar.

Lo cierto es que el anterior Govern se sentía legitimado para tomar las decisiones y consideraba que no estaba en funciones. Para ello se apoyaba en una ley autonómica, la Ley del Govern de les Illes Balears de marzo de 2001 (aprobada sin oposición del PP) que establece en su artículo 18 que el «cese del president determina el del Govern» y que éste continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. La investidura de Matas -que supuso el cese de Antich- se produjo el 27 de junio.

El Ejecutivo de Balears analizó dos propuestas de las conselleries de Interior y de Educació que rebajan las exigencia de conocmientos de la lengua catalana para ser funcionario de la Administración. También acordó la modificación del convenio de carreteras para incluir nuevos proyectos que serán financiados por el Ministerio de Fomento. En relación al primer asunto, Joan Flaquer explicó que el Ejecutivo había analizado dos decretos que pretenden «los criterios» del anterior Ejecutivo en lo que se refiere al conocimiento del catalán en el acceso a la Administración pública por considerarlos «excluyentes» y «discriminatorios».

Según Flaquer, la intención del Govern es aprobar estos decretos lo antes posible pero señaló que antes se abrirá un debate con los interlocutores sociales, «especialmente con los sindicatos».

«Creemos que se deben corregir los criterios que rigieron durante la legislatura anterior en esta materia, porque entendemos que esta era una situación excluyente».