Todos los sectores empresariales de Eivissa y Sant Antoni han
celebrado esta semana la determinación política y policial de
instalar videovigilancia en los puntos más calientes de la isla
esta misma temporada, un plazo que es prácticamente imposible de
cumplir. Queda ahora por definir el modelo de financiación, es
decir, esclarecer a quién corresponde correr con los gastos de
compra, instalación y monitoreo del sistema de videovigilancia. En
la Platja de Palma ya han comenzado las obras para instalar el
sistema y toda la financiación está corriendo a cargo de los
presupuestos municipales, aunque aún está por ver qué cuerpos
policiales se encargarán del monitoreo de las cámaras-espía.
Ha sido en Sant Antoni, el municipio que más delitos suma cada
verano, donde mejor ha caído la decisión de instalar videocámaras.
La idea, tal y como solicitó el alcalde de este municipio, Antoni
Marí Tur, al jefe del gabinete técnico del director de la Guardia
Civil, Ignacio Cosidó, es instalar cámaras en el West End y en el
Paseo Marítimo y levantar una caseta de monitoreo también en el
Paseo Marítimo.
«Si se instala el sistema, lo pagaremos todos, es decir, el
Ayuntamiento. De todas formas, lo pondrá en marcha el nuevo
Consistorio y yo dejaré preparada toda la documentación para el
jefe del Puerto», dijo epopular Marí Tur, que abandona la Alcaldía
de su pueblo.
El portavoz de la Asociación de Empresarios de Comercio de Sant
Antoni, Juan Torres, se adjudica la autoría del proyecto: «En la
Mesa de Turismo de julio 2002 fui yo el primero que planteó el
tema, que luego se ha llevado a muchos otros foros. Al principio la
idea no cuajó, pero ante la falta de policías no queda otro
remedio». «De todas formas», remarcó Torres, «seguimos exigiendo
más agentes de policía y, con urgencia, una subcomisaría de Policía
Nacional en Sant Antoni».
El Cuerpo de Policía Nacional no tiene competencias en Sant
Antoni porque no suma la cantidad de residentes requerida. Para
conseguir la población necesaria, Juan Torres propone «que se sumen
los habitantes de toda la bahía de Portmany», es decir, añadir
residentes del municipio de Sant Josep.
Por su parte, el presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'
Eivissa i Formentera (PIMEEF), Antoni Marqués, celebró la decisión
de instalar videocámaras tanto en Sant Antoni como en Eivissa,
concretamente en Platja d'en Bossa y en la zona del puerto de la
capital de las Pitiüses y recordó que la asociación comercial que
preside «ha estado de acuerdo siempre que se ha planteado el
tema».
Marqués considera que «todas las medidas para mejorar la
seguridad son bienvenidas. Las cámaras pueden dar seguridad y
tranquilidad en las zonas donde hay mucha aglomeración de
personas», en las que operan carteristas y descuideros.
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