El Consell Insular cerró ayer definitivamente la legislatura con la
aprobación de la concesión administrativa de la construcción,
puesta en marcha y explotación de las instalaciones de tratamiento
integral de los residuos en Eivissa a la Unión Temporal de Empresas
(UTE) formado por FCC, Urbaser, Cespa y Herbusa. Se trata de la
concesión administrativa más importante aprobada nunca por la
máxima institución insular, que supone unas inversiones que rondan
los 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas) para los
próximos tres años y con un plazo de amortización y gestión de 25
años.
El compromiso de la UTE adjudicataria es adecuar el vertedero,
denunciado por la propia Unión Europea por incumplir la normativa;
construir una planta de selección y envases ligeros; una nave para
el compost y tratamiento de los fangos de las depuradoras y una
estación de transferencias en Formentera. De todos modos, esta
unión de empresas presentó una segunda oferta alternativa que la
Mesa de Contratación desestimó en base a los informes técnicos.
Esta segunda propuesta incluía, por una parte, la compra de los
terrenos del vertedero, por un valor de 10 millones de euros (el
Consell Insular valora la expropiación en cinco millones) y la
prestación de otros servicios: la gestión de residuos voluminosos
(somiers, por ejemplo), escombros de construcción, neumáticos y
aceite. La consellera insular de Medi Ambient, Fanny Tur, aseguró
que el tratamiento de este tipo de residuos es competencia del
Govern y que la oferta de compra de los terrenos, aunque es muy
inferior a la propuesta inicial, dobla a la valoración técnica de
la expropiación.
El PP y Els Verds lamentaron que el Consell desperdicia una
oportunidad única para zanjar la compra de los terrenos del
vertedero y evitar así años de litigio en los juzgados con la
propiedad. «La oferta aparentemente más barata acabará siendo más
cara», aseguró el conseller popular José Juan Cardona en relación a
los intereses que el Consell supuestamente podría verse obligado a
pagar por todo el tiempo que transcurra desde que se ocupe
forzosamente el vertedero (el Consell de Govern, según dijo Fanny
Tur, aprobará este mismo mes la ocupación urgente de los terrenos
para que la UTE adjudicataria pueda empezar a trabajar en Ca na
Putxa) hasta que los tribunales dicten una sentencia sobre si la
valoración realizada por el Consell ha sido correcta o no, lo que
puede suceder, según Cardona, en ocho o diez años.
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