Santiago Lucas, abogado de los dos vecinos que pasaron ayer la
tercera noche encerrados en sus viviendas, de las que fueron
desalojados en enero de 2001 (hace 29 meses) por los daños que le
ocasionó el derrumbe del edificio colindante de Viajes Barceló,
aseguró ayer que confía en que el juicio se pueda celebrar antes
del fin del verano de este año y terminar así con el suplicio de
sus clientes.
«Hay acopio de pruebas suficientes como para que se abra cuanto
antes el juicio oral», señaló. Para el abogado, el Juzgado de
Instrucción «ha efectuado una labor exquisita durante este tiempo»
pero no puede decir lo mismo de la constructora que realizaba las
obras que supuestamente provocaron el derrumbe, Saguri, y de la
empresa propietaria del inmueble, Viajes Barceló, «que han abierto
una serie de diligencias meramente dilatorias». Independientemente
de la labor del Juzgado «es cierto que la actuación de los
imputados está entorpeciendo que el procedimiento siga hacia
adelante».
Si las empresas no hubiesen puesto tantos obstáculos al normal
curso del procedimiento abreviado «a estas alturas ya se hubiese
podido celebrar el juicio oral y habría sentencia del Juzgado de lo
penal». En todos los casos «debe obrar la buena fe procesal de las
partes» pero parece que en éste las empresas implicadas «no se dan
cuenta de que hay varias familias afectadas que están en una
situación infrahumana». El abogado señaló que se han dado
separaciones matrimoniales y graves conflictos familiares derivados
de la tensión que ha provocado a estas personas el hecho de estar
sin casa durante más de dos años.
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