En un auto de fecha 13 de diciembre pasado, la responsable del
juzgado de instrucción número 4 de Eivissa, Ofelia Nache, ha
decidido dar traslado de las diligencias previas del caso es Pouet
a la Fiscalía y a la acusación particular para que formulen, si así
lo creen conveniente, escrito de acusación o el sobreseimiento de
la causa, o bien que soliciten la práctica de nuevas diligencias
complementarias a las efectuadas desde agosto del año 2000.
A tenor de las diligencias practicadas hasta ahora, la juez
considera que «los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de
un presunto delito de desobediencia», y estima que procede
continuar la tramitación de las diligencias previas por los
trámites del procedimiento abreviado.
La lista de imputados ha aumentado considerablemente desde que
el juez que inició las diligencias, Manuel Carrillo, ordenó el 25
de septiembre de 2000 la paralización de las obras de es Pouet.
Entonces llamó a declarar a nueve personas, mientras que ahora
asciende a 15 el número de imputados: Miguel Romaguera Cabrer,
Antonio Pérez Puyo, Juan José Zubimendi Imaz, Jesús Zabala Àlvarez
(estos dos representantes en el momento de los hechos de la
promotora Progren S. A.), Antonio Pinal Gil, Juan Lladó Oliver (que
aparecía como propietario del proyecto), Gerardo Samprimitivo
Mellado, Pedro Timón Acedo, Salvador Venteo Díaz, Miguel López
Lechuga y los arquitectos responsables de las obras Francisco
Javier Magriñá y Antonio Huertas Briz, así como las empresas
Progren S. A., Brues S. A. y Wallis S. L., de las que son
responsables algunos de los mencionados anteriormente.
El caso se inició el 16 de agosto de 2000, cuando a través de un
decreto el Consell ordenó paralizar las obras porque incumplían la
Norma Territorial Cautelar aprobada pocos días antes, el 28 de
julio. El día 19 el Consell las precintó, pero los carteles apenas
duraron enteros media hora. Los propios trabajadores los arrancaron
y retomaron los trabajos. La institución denunció los hechos ante
la Fiscalía, que el 23 de agosto solicitó al juez que paralizara
urgentemente la construcción.
El Fiscal observó indicios de delito de desobediencia a la
autoridad y pidió que cinco personas declararan en calidad de
imputadas, una tercera parte de los imputados que aparecen en el
último auto de la juez. Las obras fueron de nuevo precintadas el 31
de agosto, el mismo día en que se sometió al pleno del Consell la
personación de la institución en la causa. La orden de paralización
no llegaría hasta 25 días después: el juez advirtió de que debía
acatarse en 24 horas.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.