JOSÉ MIGUEL ROMERO15/01/03 0:00
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La denuncia efectuada el pasado mes de septiembre por el Ayuntamiento de Sant Joan ante la Fiscalía debido a la «gravísima situación» generada por el mal funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales (Edar) del Port de Sant Miquel no ha caído en saco roto. El fiscal Manuel Campoy ha apreciado la posible comisión de un delito contra el medio ambiente por los continuos vertidos contaminantes que se han realizado en la zona, que el código penal tipifica en el artículo 325, donde se señala que será castigado con pena de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial el que provoque o realice de forma directa o indirecta vertidos que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

La Fiscalía considera que el juzgado debe incoar diligencias previas por este caso y practicar aquellas necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y la identidad de las personas que hubieran participado. Esa depuradora forma parte de la red de estaciones del Instituto Balear de Saneamiento (Ibasan), dependiente de la Conselleria balear de Medi Ambient, a cuyo frente se encuentra la dirigente de Els Verds Margalida Rosselló. En Eivissa, el director territorial del Ibasan es el también verde Ramon Mayol.

Entre las diligencias que el fiscal considera oportunas figura que el Ayuntamiento de Sant Joan, denunciante de los problemas que genera esa Edar, informe si se tomaron o si dispone de muestras de los vertidos denunciados y si fueron analizados. En caso afirmativo, pide que se remitan al Instituto de Toxicología para que se compruebe «si por su contenido, cantidad y lugar pudieron ocasionar riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas» y para el ecosistema.

Además, el Consistorio debe comunicar si la depuradora dispone de licencia municipal de apertura y funcionamiento, así como si el propio Consistorio ordenó la paralización cautelar o clausura de la actividad e instalaciones. El responsable de la instalación deberá declarar como imputado.

El Ayuntamiento se decidió a poner en manos de la Fiscalía este asunto cuando comprobó que pese a sus continuas quejas seguían produciéndose encharcamientos con aguas fecales en las inmediaciones de la planta, donde fallaba la bomba de impulsión. Esa instalación fue inaugurada en 1999 sin emisario.