El concejal progresista Carlos Salinas expresó ayer su satisfacción
porque la Fiscalía haya decidido que el juzgado debe seguir
investigando la trama urbanística que opera en Can Castelló. El
fiscal ha detectado indicios de delito, y, de momento, ha
solicitado que tres personas declararen como imputadas y 15 como
testigos, entre ellas el alcalde y el concejal de Urbanismo de
Santa Eulària, Vicent Guasch y Vicent Riera, respectivamente.
En el escrito del fiscal sólo hay, para Salinas, un motivo de
decepción: «Que no se haya imputado a ningún cargo político, como
el alcalde, que era quien firmaba y autorizaba las licencias
menores», que en algunos casos se dieron cinco días antes de que se
firmara el decreto de alcaldía correspondiente. El edil progresista
desea que «en el transcurso de las diligencias se aclaren las
conexiones entre el PP, el alcalde y la trama que construye
viviendas en Santa Eulària sin licencia y sin las superficies
necesarias». «Por fin "añadió" en Santa Eulària se ha descubierto
el sistema que emplea el PP para dejar construir. Se ha abierto la
brecha. Ya no son casos aislados, es algo cotidiano».
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