La propiedad de la Ciudad de Vacaciones de Punta Prima recurrirá
judicialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) de ses Salines de Eivissay Formentera , según explicó un
portavoz de la sociedad. La demanda «se desdoblará en dos partes»,
señaló Leo Stöber, gerente del complejo turístico: «La primera
versará acerca de la declaración de ilegalidad de múltiples
aspectos de procedimiento y de fondo del propio PORN; la segunda se
refiere al cálculo preciso para dimensionar y justificar el
perjuicio económico que dicha Ley ha causado a la propiedad,
reclamando su importe más los intereses de tramitación que
correspondan».
Los propietarios de la Ciudad de Vacaciones se consideran
«afectados directos por el PORN», y sin querer añadir «crispación
al tema» quieren dejar constancia «de lo que está en juego cuando
se menciona Punta Prima como uno de los puntos que producen
discrepancias entre el Govern Balear y el de Formentera». Stöber se
refiere a dos noticias publicadas por este rotativo el 3 de agosto
de 2001 y el 7 de mayo del presente año como «importantes» por lo
que afecta a sus intereses.
Concretamente en agosto de 2001 un artículo de Ultima
Hora Ibiza y Formentera titulado «La ley de ses Salines
elimina 400 plazas turísticas en Punta Prima» fue a través del que,
según Leo Stöber, «la propiedad se enteró de la decisión del Govern
Balear para impedir la finalización de las plazas correspondientes
y reconocidas legalmente, y sobre todo necesarias para la
terminación y mantenimiento del complejo».
Asimismo, el representante de la propiedad ha afirmado que en
contra de lo declarado por José Manuel Gómez, director general de
Biodiversidad del Govern, «no ha habido negociaciones con la
Conselleria de Medi Ambient, ni ofrecimiento de número limitado de
camas adicionales», e indicó que todos los contactos se reducen a
una «visita de los representantes de la propiedad a la consellera
[Margalida Rosselló], que escuchó con mucha atención y deferencia
las alegaciones verbales que entonces ya se habían formulado por
escrito, diciendo que ignoraba los derechos adquiridos por
sentencia firme y que iba a consultar "remarca Stöber-, acerca de
la postura a adoptar». De ello resultó un «oficio» de la propia
conselleria cuyo contendio eludía el tema turístico planteado.
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