JOSÉ MIGUEL ROMERO06/04/02 0:00
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La Conselleria insular de Turisme ha abierto un expediente sancionador al hotel Hacienda (en na Xamena, Sant Joan) por los trabajos que se desarrollan en ese establecimiento al amparo de dos únicas licencias de obra menor otorgadas por el Ayuntamiento. A raíz de las noticias aparecidas en este periódico el pasado 15 de marzo, Turisme realizó una inspección que derivó, a tenor de las pruebas obtenidas (fotografías y documentos), en el levantamiento de un acta, según explicó ayer el conseller insular Josep Marí Ribas. El Consistorio ya decretó a mediados de marzo la paralización de esas obras -que posteriormente fueron precintadas- al entender que exceden las dos licencias que fueron concedidas al propietario.

Marí Ribas indicó que las obras denunciadas tienen la «apariencia de una ampliación» y de un aumento de volumetría, aun cuando la propiedad asegura que sólo se limita a construir muros de contención para evitar que el establecimiento se hunda, ya que una parte se asienta en un endeble terreno arcilloso. «Independientemente de que el Ayuntamiento dé o no una licencia, y de que ésta sea de obra mayor o menor, esa intervención estaba sujeta a una autorización previa de Turisme», subrayó el conseller insular.

En principio, el Consistorio no tendría que haber otorgado ninguna licencia sin el previo consentimiento de la Conselleria, circunstancia que puede agravar aún más este asunto, del que la Comisión de Gobierno municipal tomará una decisión la próxima semana tras haberla postergado ya en un par de ocasiones.

Desde Turisme también se ha requerido al Consistorio de Sant Joan que informe sobre las obras del Hacienda, el único hotel de cinco estrellas de las Pitiüses. La propiedad también deberá explicar en qué consisten esos trabajos, de los que tendría que haber informado antes de poner un solo ladrillo, según Marí Ribas. El conseller considera que «como mínimo» ese establecimiento recibirá una sanción grave, que oscilará entre los 3.000 y los 30.000 euros, y posiblemente se le obligará a que reponga el local a su estado original, a no ser que sea posible su legalización.