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EUGENIO RODRIGUEZ El Ayuntamiento de Eivissa descarta por el momento conceder este año más licencias de taxis. Así de tajante se mostró ayer el primer teniente de alcalde y concejal de Gobernación, Pedro Campillo, en contestación a una pregunta de la oposición. La negativa del Ayuntamiento a aumentar la flota de taxis (actualmente hay 109) contrasta con el anuncio realizado hace unos días por el conseller de Transports del Consell Insular, Santiago Ferrer, de solicitar al Govern balear 13 licencias más sólo para el municipio de Eivissa. En total, el Consell Insular demandará 48 licencias más para Eivissa, Sant Josep y Sant Antoni.

El edil de Gobernación mantiene que el Consistorio da absoluta prioridad a la mejora del servicio actual. «Estamos aplicando una serie de medidas para ofrecer un mejor servicio, y, solo en el caso de que éstas no funcionen, se concederá alguna licencia excepcional», explicó ayer Campillo ante el pleno. Para empezar, el Ayuntamiento está elaborando una base de datos del servicio y destina un oficial de policía para velar por el cumplimiento del reglamento (horarios, días de libranza y, entre otras cosas, punto de parada). El concejal de Gobernación ha mantenido numerosos encuentros con la Asociación del Taxi, Fomento de Turismo, Autoridad Portuaria, grupos navieros y la Federación Hotelera para determinar estas actuaciones.

Otra de las medidas que se aplicará es la obligatoriedad de instalar el taxímetro. «La Asociación de Taxis también ha redactado una carta de compromiso de calidad en el servicio. Si al final todo esto no da los resultados esperados habrá que dar más licencias. Pero si las diéramos a bote pronto llevaríamos al sector a la ruina», subrayó. Por otro lado, el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, se comprometió en la sesión a encontrar un solar donde el Ib-Salut pueda acometer la construcción del tercer centro de salud. «Aunque sea encima del Ayuntamiento», ironizó Tarrés, «pero la inversión de este proyecto por parte de la Conselleria de Salut i Consum no corre ningún riesgo».

Asimismo, la oposición dio el visto bueno a la aprobación de la ordenanza reguladora del precio público de la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que el Ayuntamiento gestionará a partir de mayo. El concejal de la oposición Vicent Serra lamentó, sin embargo, que el Consistorio no hubiera asumido antes la gestión de este servicio. La nueva ordenanza representa una mejora notable ya que nadie pagará más de un 60 por ciento del coste real de la atención. Los miembros del pleno también dieron luz verde a las partidas previstas para subvencionar a diversas asociaciones, así como el plan de rotulación en catalán de los carteles del municipio, con un total de 3.005 euros (500.000 pesetas).