El Ayuntamiento de Eivissa descarta por el momento conceder este
año más licencias de taxis. Así de tajante se mostró ayer el primer
teniente de alcalde y concejal de Gobernación, Pedro Campillo, en
contestación a una pregunta de la oposición. La negativa del
Ayuntamiento a aumentar la flota de taxis (actualmente hay 109)
contrasta con el anuncio realizado hace unos días por el conseller
de Transports del Consell Insular, Santiago Ferrer, de solicitar al
Govern balear 13 licencias más sólo para el municipio de Eivissa.
En total, el Consell Insular demandará 48 licencias más para
Eivissa, Sant Josep y Sant Antoni.
El edil de Gobernación mantiene que el Consistorio da absoluta
prioridad a la mejora del servicio actual. «Estamos aplicando una
serie de medidas para ofrecer un mejor servicio, y, solo en el caso
de que éstas no funcionen, se concederá alguna licencia
excepcional», explicó ayer Campillo ante el pleno. Para empezar, el
Ayuntamiento está elaborando una base de datos del servicio y
destina un oficial de policía para velar por el cumplimiento del
reglamento (horarios, días de libranza y, entre otras cosas, punto
de parada). El concejal de Gobernación ha mantenido numerosos
encuentros con la Asociación del Taxi, Fomento de Turismo,
Autoridad Portuaria, grupos navieros y la Federación Hotelera para
determinar estas actuaciones.
Otra de las medidas que se aplicará es la obligatoriedad de
instalar el taxímetro. «La Asociación de Taxis también ha redactado
una carta de compromiso de calidad en el servicio. Si al final todo
esto no da los resultados esperados habrá que dar más licencias.
Pero si las diéramos a bote pronto llevaríamos al sector a la
ruina», subrayó. Por otro lado, el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés,
se comprometió en la sesión a encontrar un solar donde el Ib-Salut
pueda acometer la construcción del tercer centro de salud. «Aunque
sea encima del Ayuntamiento», ironizó Tarrés, «pero la inversión de
este proyecto por parte de la Conselleria de Salut i Consum no
corre ningún riesgo».
Asimismo, la oposición dio el visto bueno a la aprobación de la
ordenanza reguladora del precio público de la prestación del
servicio de ayuda a domicilio, que el Ayuntamiento gestionará a
partir de mayo. El concejal de la oposición Vicent Serra lamentó,
sin embargo, que el Consistorio no hubiera asumido antes la gestión
de este servicio. La nueva ordenanza representa una mejora notable
ya que nadie pagará más de un 60 por ciento del coste real de la
atención. Los miembros del pleno también dieron luz verde a las
partidas previstas para subvencionar a diversas asociaciones, así
como el plan de rotulación en catalán de los carteles del
municipio, con un total de 3.005 euros (500.000 pesetas).
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