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EUGENIO RODRIGUEZ Las 27 licencias urbanísticas que el Ayuntamiento de Santa Eulària acordó conceder el pasado 28 de febrero están amparadas en el Plan Parcial del antiguo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de s'Argamassa, Roca Llisa y cas Capità. El Grup Municipal Progressista de Santa Eulària no entiende ahora por qué el Ayuntamiento ha tardado tanto en aprobar estos permisos.

«La mayorías son expedientes bastante antiguos. Si son legales, tal y como se supone, no entendemos por qué el Ayuntamiento no las concedió mucho antes», explicó ayer a este periódico el portavoz de la oposición, Carlos Salinas. «Por qué ahora sí y antes no si son proyectos amparados en la legalidad», añadió Salinas. Carlos Salinas señaló a modo de hipótesis que podría tratarse «de una maniobra política para reducir la situación de inseguridad de los ciudadanos».

El Ayuntamiento llevaba medio año sin conceder permisos de obras dada la supuesta ilegalidad del Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) que se aprobó en 1988. Actualmente hay varias sentencias judiciales, incluida la Comisión Insular de Urbanismo, que han puesto en tela de juicio la legalidad de este planeamiento.

Por otro lado, el Pacte denunció ayer la continuación de las obras en dos estructuras de can Castelló, denunciadas por este grupo el pasado 13 de diciembre, paralizadas y precintadas por decreto de alcaldía del 7 de enero de este año. El Pacte denuncia que puede haber «connivencia» entre el Ayuntamiento y el promotor de las obras. Por ello, la oposición exige que se vuelvan a paralizar las obras, se levante acta del incumplimiento de paralización, se denuncie ante el juzgado de guardia a sus autores y, además, se ponga en conocimiento de la fiscalía de Eivissa, que tiene abiertas diligencias sobre dichas obras. Asimismo, también reclaman que se agilicen los trámites de los expedientes de infracción y se ordene la demolición de las estructuras que incumplen la parcela mínima de la ley de suelo rústico.