El alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, admitió ayer que ha
decidido actuar con suma «cautela» a la hora de otorgar licencias
de construcción. La justificación a esa insólita medida: el temor a
las consecuencias legales que pueda tener la aplicación del Plan de
Delimitación del Suelo Urbano (PDSU), un instrumento urbanístico
creado en 1988 y que este año ha sido declarado nulo por los
tribunales después de que los progresistas lo denunciaran.
«Cualquiera hace ahora algo -dijo ayer el alcalde-, después de que
han denunciado todas las licencias y el PDSU y me han amenazado con
que me van a meter en la cárcel. Con todo lo que ha llovido,
cualquiera hace algo».
La «cautela» del Consistorio se mantendrá hasta que el equipo de
Gobierno tenga en sus manos el informe jurídico que encargó para
conocer si el PDSU se puede aplicar o, por el contrario y tal como
advierten desde la oposición, debe descartarse por ser ilegal.
Vicent Guasch aseguró ayer que aún no dispone del informe. Al
parecer, las dudas sobre su aplicación han aumentado después de que
los encargados de su redacción solicitaran una ampliación de la
información que se les había facilitado.
Esa paralización en la concesión de licencias de obras se ha
visto ya reflejada en los presupuestos para 2002, donde se prevé un
descenso del 31'6 por ciento de los ingresos por ese capítulo, aun
cuando el interventor admite que si se aprobasen todos los
expedientes en curso (y que ya cuentan con el visto bueno de los
técnicos), se podrían triplicar. El temor a las repercusiones
legales está provocando que numerosos expedientes estén siendo
aparcados momentáneamente, según explicó el miércoles a este
periódico el portavoz progresista Carlos Salinas. Incluso algunos
promotores se han puesto en contacto con los concejales del Pacte
para hacerles llegar su inquietud por la situación que se vive en
ese municipio, ya que cada proyecto se mira con lupa y sólo se
están aprobando los que cuentan con el visto bueno de la Comisión
Insular de Urbanismo.
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