La Conselleria d'Interior se ocupó de que llegaran a Eivissa, se hiciera público su cesión a Cruz Roja, una vez entregadas antes a los ayuntamientos, para luego finalmente desentederse de ellas. Esto es lo que ha ocurrido con las dos motos acuáticas que se iban a emplear respectivamente en Formentera y en la franja de Platja d'en Bossa para aumentar este verano la seguridad en las playas. El resultado es que a estas fechas, tres semanas después de la entrega, el servicio no se ha puesto en marcha ni hay visos de que ello vaya a ocurrir este verano.

La culpa de todo parecer tenerla la burocracia y la falta de un acuerdo preciso que aclare las obligaciones y derechos de unos y otros con respecto a todo lo que se deriva del empleo de las motos. Desde Cruz Roja se ha instado varias veces al Govern, para que se definan los términos de esta relación pero a estas alturas no ha habido ninguna respuesta, según ha podido conocer este periódico. La situación es tal que deriva en tintes kafkianos.

Ante la ausencia de un acuerdo entre las partes no se ha podido matricular las motos, con lo que tampoco se ha podido efectuar los trámites para que ambos vehículos -valorados en más de un millón y medio de pesetas- puedan operar con las garantías que exige la legislación. De todo ello se desprende que las motos no han sido siquiera echadas al agua. La inoperatividad en la que se encuentran es todavía más grave si se tiene en cuenta que el uso de las motos requiere que exista personal preparado y entrenado para su manejo. Si éstas no han podido ser puestas a flote por la burocracia, tampoco se ha podido preparar aún un equipo.